El exalcalde de Sóller, Antoni Arbona (UM), quien ha comparecido en calidad de imputado en el marco del caso Picnic, ha negado haber participado en el presunto amaño de un expediente de contratación del que resultó adjudicataria una empresa vinculada a él y en la que trabaja su sobrino, Miquel Arbona -también encausado- para la realización de diversas excursiones a la Colònia de Sant Jordi y otros destinos. Las investigaciones apuntan por otro lado que de algunas de estas visitas se habría servido la extinta UM a fin de premiar la fidelidad de sus afiliados o reforzar su apoyo.

Durante su comparecencia ante la jueza de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 8, el fiscal Miguel Ángel Subirán y varios letrados personados en el caso, únicamente ha respondido a preguntas formuladas por su abogado, Jaime Campaner, negando su intervención en el proceso de contratación, que según las pesquisas habría sido manipulado para que fuese la empresa Arbotour S.L. la beneficiaria del expediente, por el que facturó unos 7.000 euros en 2008 y unos 22.000 en 2009.

Al respecto ha profundizado más Miquel Arbona, quien en su declaración ante la magistrada ha recordado que fue la entonces coordinadora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, Paula Cortés, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 65.000 euros, la que se puso en contacto con él para proponerle la realización de las excursiones y que buscase a otras dos empresas para que concurrieran a la licitación, si bien ha negado que impusiera a los responsables de ambas mercantiles precios más elevados que el suyo para que finalmente su compañía resultase adjudicataria.

"Fueron ellos los que decidieron el precio, me dijeron que pasarían un precio superior porque a ellos no les compensaba el precio que ofertaba yo", ha justificado el imputado para rebatir las acusaciones de los investigadores, que postulan que Cortés instó al transportista a que presentara otras dos ofertas a fin de dar apariencia de concurrencia a su elección y que Arbona habría invitado a participar a dos empresas "amigas" que presentaron dos presupuestos superiores al de Arbona.

Tal y como ha recordado, él comentó sus precios a los otros dos empresarios, responsables de las mercantiles Autocares Levante y Burguera Bus S.L., y ha asegurado que cuando hacía las ofertas de los viajes no sabía que el expediente se lo iban a dar a él. En este contexto, ha apostillado que le "extraño al principio" cuando Cortés le instó a buscar a otras empresas en lugar de gestionarlo ella, y ha explicado que cuando habló con ella no se comentó la forma de pago como tampoco la exjefa de Medio Ambiente le encargó que fuera facturando parcialmente.

Al serle exhibidos varios correos en los que constan los precios por los que se pretendían hacer los servicios de excursiones, Arbona ha defendido que, en el caso de Burguera Bus, su responsable estaba interesado en hacer el servicio pero no a los precios del declarante, recordando que la diferencia entre uno y otro era de 25 euros. Finalmente, ha negado, en contra de lo que dijo el empresario de esta mercantil, que le indicase a éste por mail los precios que tenía que poner, sino que "lo habíamos hablado antes".

Cabe recordar, además, que las investigaciones apuntan a que Arbotour, en connivencia con los responsables políticos del Consistorio palmesano, emitió facturas falsas contra el Ayuntamiento por servicios de transporte no prestados.

Asimismo, el caso, que investiga un presunto desvío de fondos desde el Ayuntamiento a la captación de nuevos militantes de UM y futuros votantes, centra parte de sus pesquisas en averiguar si la formación nacionalista utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.

Las indagaciones apuntan a que la intención de UM era justificar así la aportación de aproximadamente 300.000 euros que la Conselleria de Medio Ambiente, dirigida entonces por Miquel Àngel Grimalt (UM), destinó esta legislatura a la oficina municipal, perteneciente a la Concejalía de Medio Ambiente al frente de la cual estaba Cristina Cerdó -arrestada por esta causa y en libertad bajo fianza de 300.000 euros- para concienciar a la población sobre este ámbito mediante excursiones y otras actuaciones. Las visitas se llevaban a cabo a varios lugares de Mallorca e incluso a la isla de Cabrera.