La Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria han rechazado las órdenes ministeriales que reparten las posibilidades de pesca de determinadas especies en el Cantábrico y Noroeste, publicadas este lunes, e instan al nuevo Gobierno a que suspenda su aplicación.

Los pescadores detectan discrepancias entre las cuotas asignadas por segmentos de flota y las necesidades y usos reales; y consideran que no se ha tenido en cuenta el peso social y humano de la flota de bajura del Cantábrico, que está compuesta por 5.041 buques con aproximadamente 17.100 empleos directos, frente a la flota de arrastre, compuesta por 110 buques con aproximadamente 900 empleos.

"El dos por ciento de los barcos y el cinco por ciento del empleo se van a quedar con el 45% de la cuota, aproximadamente 29 millones de kilos", denuncian en un comunicado de prensa.

Las cofradías cántabras consideran que no se han tenido en cuenta ninguna de las observaciones realizadas por las distintas federaciones del Cantábrico en relación con la aplicación de la Ley de Pesca Marítima, y opinan que "ha habido falta de voluntad política para cumplir con la normativa".

Los pescadores cántabros advierten que "de mantenerse en vigor" las nuevas órdenes ministeriales, "pondrían en peligro la sostenibilidad económica y social de la flota de bajura artesanal y selectiva, frente a una flota de arrastre semi-industrial y no selectiva con bastantes problemas de descartes, y se estaría en contra de la política pesquera que está poniendo cada vez más énfasis en el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras e intenta dinamizar la flota artesanal".

Rechazan además que las nuevas órdenes ministeriales hayan sido publicadas después de las elecciones generales, "por un gobierno de gestión" que, a su juicio, "no está moralmente legitimado" para publicar una normativa que tiene un periodo de vigencia de tres años.

Además, denuncian que simultáneamente, el Gobierno ha publicado una tercera orden que establece un plan de gestión del arrastre de fondo en el Cantábrico, "con el que se pretende una privatización de las cuotas, dándoles unas cuotas individuales de derechos de pesca para mercantilizar aún más si cabe la actividad pesquera de arrastre".