El fiscal solicita 20 años de prisión para un hombre al que acusa de asesinar a su expareja, sobre la que tenía una orden de alejamiento tras denunciar ella que había recibido malos tratos desde hacía tres años y medio.

Según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, el acusado mantuvo una relación estable de pareja con la víctima que se inició a mediados del año 2005 y fruto de la cual tuvieron un hijo en común.

El día 25 de agosto de 2010, la mujer acudió al Puesto de la Guardia Civil de Moncofa (Castellón), para presentar una denuncia contra su compañero sentimental, en la que manifestaba que era víctima de malos tratos desde hacía unos tres años y medio, por lo que solicitó una orden de protección.

Como consecuencia de ello, el día 26 de agosto de 2010, el juzgado de instrucción número 3 y de Violencia Sobre la Mujer de Nules dictó un auto de medidas de protección en cuya parte dispositiva se prohibía cautelarmente al procesado aproximarse a menos de 200 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, así como de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento.

Sobre las 22.00 horas del día 25 de septiembre de 2010, el acusado se presentó en el Puesto de la Guardia Civil de Moncofa, donde aseguró que quería presentar una denuncia contra su expareja porque ésta podría estar en el domicilio junto con otras personas tomando alcohol y drogas, a lo que los agentes le indicaron que no podían llevar a cabo intervención alguna puesto que, aun siendo cierto lo que manifestaba, ello no constituía ningún delito.

El acusado decidió acabar con la vida de la que había sido su compañera sentimental, para lo que se trasladó con su vehículo, que aparcó en las inmediaciones, al domicilio de la mujer a pesar de tener perfecto conocimiento de la prohibición de aproximación y comunicación.

Una vez allí, trepó por un muro hasta acceder a la terraza tras haberse puesto unos guantes y llevando un destornillador y uno o más cuchillos. Ya en la terraza, arrancó uno de los cables de un tendedero con el que fabricó una ganzúa que introdujo por la mallorquina hasta conseguir abrirla y con el destornillador violentó la ventana que daba a la habitación del niño, por donde accedió al domicilio.

Una vez en el interior, sorprendió a su expareja tumbada en un sofá y, "de forma repentina, sin que ella se hubiera percatado de su presencia y con el propósito de acabar con su vida", le clavó un cuchillo sin darle posibilidad alguna de defenderse, ya que la misma estaba tranquilamente en el sofá viendo la televisión.

Tal fue la fuerza que empleó que el cuchillo se partió quedando el filo por un lado y el mango por otro, lo que hizo que el acusado cogiese otro cuchillo que igualmente clavó a la mujer y con igual fuerza, puesto que también se partió. Por ello, cogió un tercer cuchillo más grande que los anteriores y lo clavó de forma repetida y con gran fuerza y violencia.

A consecuencia de las cuchilladas recibidas, la víctima sufrió múltiples heridas que, de forma irremediable, le produjeron la muerte por shock hipovolémico posthemorrágico y secundario a heridas por arma blanca.

A continuación, el acusado intentó huir y esconderse en la azotea del edificio, aunque resbaló sobre las tejas, de modo que cayó a la vía pública y se fracturó las piernas. El procesado presenta una exploración psicopatológica dentro de la normalidad y conserva las bases psicobiológicas de la imputabilidad.

Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de quebrantamiento de medida cautelar en concurso medial con un delito de asesinato, y concurre en este último la circunstancia agravante de parentesco.

Además de los 20 años de prisión, el fiscal pide para el acusado la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de su hijo o de su domicilio, centro docente, lugares de trabajo o cualquier otro en el que se encuentre y comunicarse con él por cualquier medio o procedimiento por tiempo de 30 años y costas.

Asimismo, se demanda que el acusado sea igualmente condenado a indemnizar al menor, a través de su legal representante, con 200.000 euros, con los intereses legales correspondientes conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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