El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, encargado de investigar un presunto caso de prevaricación urbanística en Íscar, ha acordado imputar por tales hechos al alcalde de la localidad, Alejandro García Sanz, otros dos ediles y el secretario municipal, después de que la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se pronunciara en el mismo sentido.

El auto dictado por Instrucción 6 se produce de conformidad con uno anterior, de fecha 13 de octubre, de la referida sección de la Audiencia vallisoletana, que no sólo ha desestimado el recurso de apelación del único imputado hasta el momento, el arquitecto José Luis Pérez de Frutos, sino que ha estimado el presentado por la Fiscalía para que sean incluidos también, en los mismos términos, el primer edil de Íscar y diputado de Juventud y Deportes, Alejandro García Sanz; el segundo teniente de alcalde, Juan Carlos Lázaro; el concejal Luis Antonio Sánchez Cuéllar, y el secretario municipal, Fernando Rodil, y se continúe contra todos ellos el procedimiento abreviado abierto para esclarecer los hechos.

Así, la instructora ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, a fin de que en el plazo común de diez días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura del juicio oral en la forma prescrita por la ley o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la practica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular acusación.

Contra dicha resolución cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación ante Instrucción 6 dentro de los tres días siguientes a su notificación o bien recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

El día 5 de julio de 2011 la juez instructora del caso acordó la tramitación de las presentes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra el arquitecto José Luis Pérez de Frutos por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación urbanística del artículo 320 del Código Penal, y por contra sobreseyó las relativas al alcalde, dos concejales y el secretario del Consistorio Iscariense, que ahora, mediante último auto, han sido finalmente incluidos en este caso de presunta prevaricación urbanística.

Entonces, la justificación para excluir del proceso a los cuatro citados era que no se consideraba acreditado que los miembros de la corporación municipal que otorgaron la licencia lo hicieran "a sabiendas" de que era contraria a la normativa urbanística, ni que el secretario conociese dicha circunstancia.

Contra el planeamiento urbanístico

Los hechos que investiga el juzgado derivan de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que se ordenó el derribo de una nave industrial que fue autorizada por el Ayuntamiento de Íscar. El fallo determinaba que las obras de desescombro, demolición parcial y reconstrucción de la nave eran contrarias al planeamiento urbanístico.

Los metros construidos superaron los derribados y además invadía más de 400 metros de una calle y algo más de 600 de otra, a lo que el TJSCyL sumó el hecho de que el Ayuntamiento de Íscar autorizase las obras el 27 de febrero de 2006, mientras que el informe del arquitecto municipal sobre el proyecto era de un día después.

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