El Parlamento de Andalucía, en virtud de la mayoría del PSOE-A en la Cámara, aprobará en su sesión del próximo miércoles 23 de noviembre la Proposición de Ley de modificación de la Ley Andaluza de Universidades (LAU) presentada por el grupo socialista.

A la iniciativa original se han añadido un total de 31 enmiendas (24 del PP y 7 de IULV-CA), si bien, durante el debate de la iniciativa en el pleno del Parlamento del miércoles, el PSOE-A prevé incluir diez más (una para el PP-A y nueve para IULV-CA) con transaccionales, según ha indicado a Europa Press el responsable de Economía e Innovación del grupo parlamentario socialista, Antonio Núñez. Todo ello, indica, con la intención de que la Proposición de Ley sea "de todos" y cuente con un "gran consenso".

Sin embargo, este texto cuenta con el rechazo de los sindicatos mayoritarios —CCOO, UGT y CSI-F, que creen que esta modificación se ha hecho con "prisas" y que puede "precarizar" las condiciones laborales de los trabajadores—, así como de cientos de estudiantes universitarios, muchos de los cuales, salieron el pasado jueves a las calles de las principales capitales andaluzas a defender la educación pública y a protestar contra esta reforma que, a su juicio, abre la puerta a la "privatización" de la Universidad.

Desde el PSOE-A se insiste, por contra, en que esta iniciativa hará que todas las academias públicas de la comunidad sean "más emprendedoras e innovadoras". Según ha resumido Núñez, la Proposición de Ley de modificación de la LAU descansa en tres principios básicos: garantizar la autonomía universitaria, desarrollar el papel de los Consejos Sociales y fomentar la "vocación emprendedora e innovadora" de las universidades andaluzas.

Sobre este último aspecto precisamente, Núñez resaltó que tiene que convertirse en "una de las funciones principales" de las academias para que éstas "conecten con la sociedad que las rodea y traten de responder a problemas concretos de la sociedad en la que está instaurada". Según este socialista y profesor de la Universidad de Sevilla, en contra de aquellos que piensan que fomentar este aspecto es "entregar las universidades a las empresas", es "fundamental" que las universidades sirvan también para generar empleo.

Ante todo, argumentó, porque, a diferencia de otras comunidades autónomas, la burguesía andaluza del siglo XIX no logró crear empresas y, por tanto, puestos de trabajo. Teniendo esto presente, así como que "en Andalucía necesitamos crear 150.000 empresas para crear empleo, es el momento de que la Universidad sustituya o, por lo menos, cubra ese hueco y sea ella la emprendedora e innovadora, la que sea fuente de creación de empresas y oportunidades de empleo".

Núñez advirtió además de que esto no es un reto imposible o "algo teórico ni fantasioso". Al contrario, se trata ya de una realidad en provincias como Sevilla, donde han surgido muchas 'spin-off' de la Escuela de Ingenieros y sin las que, a su juicio, no se podría concebir, por ejemplo, el Parque Tecnológico Aeroespacial de 'Aerópolis'. Pero para que ejemplos como éste se conviertan en habituales queda aún lo "más importante: posibilitar ese cambio cultural en las universidades para que sean instituciones en ebullición, que vibren con las necesidades de la sociedad y que estén preocupadas porque haya nuevas oportunidades de empleo, porque creo que aquí es donde nos jugamos el futuro".

Y es aquí donde juegan y jugarán en los próximos años un papel fundamental los Consejos Sociales de las Universidades, sobre cuya regulación introduce algunas modificaciones esta Proposición de Ley socialista para "propiciar el fortalecimiento en sus misiones esenciales y un más eficaz comportamiento de los mismos", según reza en la exposición de motivos de este texto, consultado por Europa Press. Entre los cambios, destaca la inclusión, como función propia de los Consejos Sociales, de las tareas de "promover la adecuación de la oferta de enseñanzas y actividades universitarias a la necesidades de la sociedad" o de "aprobar planes sobre las actuaciones de la universidad en su conjunto en cuanto a la promoción de sus relaciones con el entorno".

Es en aspectos como estos donde los estudiantes universitarios ven "injerencias" por parte del sector privado (en los Consejos Sociales están representadas empresas) en la vida académica. Según explicaba el pasado jueves a Europa Press uno de los representantes del SAT en la Universidad de Sevilla (US), estas funciones "dan más poder" a los Consejos Sociales y abren la puerta a la posible "privatización de la universidad pública", que podría dejar de ofertar ciertas titulaciones por no ser rentables económicamente.

Además, otro punto de los criticados tanto por sindicatos como por algunos políticos es que en esta iniciativa se reconoce, mediante unas disposición adicional, la creación de la Universidad privada Loyola de Andalucía. A juicio del socialista, se trata de una "magnífica oportunidad para Andalucía" y que se produce en un momento oportuno, justo cuando "las universidades públicas se han convertido en altamente competitivas". "Probablemente no hubiésemos aceptado una universidad privada si no hubiésemos hecho tanto como hemos hecho por las públicas en los últimos ocho años, cuando hemos multiplicado por tres sus presupuestos y ya están en disposición de competir", ha recalcado.

Esta explicación, no obstante, no ha convence a IULV-CA. En una de las 43 enmiendas que presentó a este proyecto de Ley solicita "la anulación" de esta disposición que reconoce a la Loyola "por las formas, ya que la creación de una universidad merece una ley aparte y, por el fondo, porque Andalucía no necesita ahora ninguna universidad privada", detalló en declaraciones a Europa Press el responsable de educación de esta formación, Ignacio García.