El Juzgado de lo Social número ocho tiene fijada para el 23 de noviembre, este miércoles, la vista oral relativa a la demanda promovida por el grueso de extrabajadores de la sociedad mixta Mercasevilla prejubilados merced al expediente de regulación de empleo (ERE) impulsado en 2007, de cuyas rentas se desliga la Consejería de Empleo. Mediante esta demanda, el colectivo de prejubilados reclama los "compromisos" de pago de dicho procedimiento, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros y que figura en las diligencias incoadas por la juez Mercedes Alaya a cuenta de la anterior gestión de la lonja y la prejubilación falsa descubierta en este ERE.

Esta demanda fue firmada por 34 de los 40 prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007 y fue entregada el pasado 14 de febrero en el registro general de los juzgados del Prado de San Sebastián. La demanda en cuestión, según había informado a Europa Press Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa de Mercasevilla, carga contra la propia sociedad gestora del mercado central de abastos, el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa como máximos accionistas de la empresa, la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio —actualmente Generali— y la consultora 'Vitalia Vida'.

El Banco Vitalicio, a través de su división de Seguros Colectivos, fue contratado por Mercasevilla para las pólizas de seguro de rentas correspondientes a las prejubilaciones reconocidas en el marco de este ERE, mientras la consultora 'Vitalia Vida', de otro lado, fue contratada por la sociedad mixta para las labores de gestoría y asesoramiento de los trámites administrativos correspondientes a dicho procedimiento. Esta última empresa es una de las sociedades investigadas por el Juzgado de Instrucción número seis por su relación con la posible trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo incentivados con fondos autonómicos.

El ere de garrido santoyo

De hecho, en este expediente de regulación de empleo fue prejubilado el exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, quien jamás ha formado parte de la plantilla del mercado central de abastos y quien fue detenido en el marco de estas actuaciones.

En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la anterior gestión de la sociedad mixta y la citada trama de prejubilaciones fraudulentas.

El ere de 2007

Para ser más precisos, la investigación del ERE de 2007 comenzó con las diligencias relativas al posible delito societario perpetrado, siempre supuestamente, por los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados por el Juzgado de Instrucción número seis tanto en estas actuaciones, como en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por ambos y las posibles irregularidades detectadas en la enajenación de los suelos del mercado central de abastos.

Y es que aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la "conformidad" de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

De hecho, la investigación de la citada trama de prejubilaciones fraudulentas incluye el acuerdo firmado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía y el por entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), para que esta última institución se convirtiese en la pagadora de las ayudas destinadas a la reestructuración laboral de empresas en crisis. La Policía Judicial, en ese sentido, cree irregular este método de libramiento de fondos públicos al eludir supuestamente la Ley andaluza de Subvenciones Públicas y la necesaria fiscalización.