La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández, ha informado de la decisión del Consell de este viernes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Aguas mediante el Real Decreto-ley 12/2011, que cambia la ley 1/2000 en lo referente a la regulación de las competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico, por considerar que "rompe" la unidad de cuenca y que se hizo para "beneficiar a la Junta de Andalucía".

Hernández, tras el pleno del Consell, ha criticado que este Real Decreto le otorga a la Junta de Andalucía competencias en la inspección, control y vigilancia de las aguas que pasan por su territorio. Esta decisión del Gobierno "rompe el principio de unidad de gestión de cuenca", ha afirmado

La consellera considera que el Real Decreto se aprobó con "nocturnidad y oscurantismo" ya que se hizo a finales de agosto "de espaldas de los regantes y a las administraciones autonómicas" y sin convocar al Consejo Nacional de Regantes.

De esta manera, ha lamentado que el Gobierno socialista trata de "generar tensiones" entre los territorios al "alterar" la distribución competencial en materia hídrica.

En este sentido, la Generalitat considera que el control, la vigilancia, la sanción de las obras y de los aprovechamientos de regadíos y otros concesionarios "no pueden separarse" de la revisión, tramitación y otorgamiento de las concesiones, puesto que "genera inseguridad" en la gestión de los recursos públicos, ya que se fraccionan los procedimientos administrativos y se "duplican" los órganos que los administran.

La Generalitat cuestiona así la constitucionalidad de este cambio legislativo pues considera que otorga a las comunidades autónomas capacidad para gestionar cuencas hídricas que "exceden de su ámbito territorial", cuando labor está "limitada" al Estado según el artículo 149.1.22 de la Constitución Española. Esto, ha agregado, podría producir una diferente interpretación sobre la reglamentación de la cuenca, "generándose agravios comparativos y tensiones territoriales".

Asimismo, las Corts Valencianes debatirán este lunes, a propuesta del grupo 'popular', de interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la misma modificación que este viernes ha recurrido el Gobierno de la Generalitat. PETICIONES

Por otro lado, Maritina ha destacado que la presentación de este recurso obedece, en parte, a la petición la Federación de Regantes de la Comunitat, así como de comunidades de regantes del Ebro, de regantes de Andalucía e incluso la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, que ven "inviable la aplicación de este Real Decreto", ha dicho.

En opinión de la consellera, el Gobierno socialista, con acciones como esta, "no está legitimado para hablar de un plan nacional de gestión de aguas". En este punto, ha alegado que la gestión del agua "debe tener un enfoque integral, ser eficaz y mantener el principio de solidaridad interterritorial".

Del mismo modo, la Generalitat considera "erróneo" el uso que el Gobierno central ha hecho de la figura del Decreto-ley, y critica el modo en el que se ha modificado la ley de Aguas, "queriendo que pasara desapercibido" mediante un Real Decreto "aprobado con prisas inexplicables" y "sin ser sometido" a la consideración del Consejo Nacional del Agua, ni del Consejo Asesor de Medio Ambiente, "ni contando con la opinión" de los regantes y el resto de administraciones afectadas.