La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que imponga 2.850.000 euros en fianzas a las 14 personas imputadas que ya han prestado declaración judicial dentro de la investigación por la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos mediante una fórmula también cuestionada.

Según el acta de la audiencia celebrada este jueves para analizar las medidas cautelares a imponer, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía ha solicitado a la magistrada que imponga 2.850.000 euros en fianzas a los 14 imputados, mientras que el letrado de la Junta se ha adherido "en lo sustancial" a lo solicitado por el Ministerio Público aunque ha pedido que, "atendiendo al importe satisfecho para el pago de las pólizas", las fianzas asciendan a 3.295.000 euros.

De su lado, los abogados de los imputados se han opuesto a la imposición de dichas fianzas y, en el caso del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo (PSOE), para quien la Fiscalía ha pedido una fianza de 150.000 euros, su letrado se ha opuesto al entender que su representado "no puede ser calificado como intruso en ningún ERE", y, en segundo lugar, porque este mismo miércoles consignó la cantidad de 112.900,53 euros como beneficiario de una póliza de rentas de supervivencia de Fortia Vida, con lo que "están suficientemente aseguradas las responsabilidades civiles que pudieran corresponderle".

Pues bien, el fiscal ha explicado que las fianzas solicitadas van dirigidas a asegurar las posibles responsabilidades civiles derivadas de los actos "ilícitos" imputados a estas 14 personas; así, subraya, estas cantidades "corresponden de manera general a cubrir la devolución de cantidades ilícitamente obtenidas que ellos han recibido, o que en su caso han colaborado activamente a que otros las percibieran".

Las fianzas podrían ser aumentadas

Al mismo tiempo, ha precisado que la petición "se hace atendiendo al conocimiento actual que se tiene de los hechos, sin descartar por tanto que las medidas cautelares puedan en momento posterior ser aumentadas si se descubrieran, respecto de las personas que ya han declarado judicialmente como imputadas, o bien que han obtenido nuevos enriquecimientos ilícitos o bien han colaborado en nuevos enriquecimientos ilícitos de otras personas".

La fianza más elevada corresponde a Antonio Arquero García, que según defiende la Fiscalía debe abonar 570.000 euros. Este vecino de El Pedroso, según la juez, se prevalió de su amistad con el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero para suscribir sendas pólizas por las que la Junta se comprometía a pagarle 421.453,15 euros "sin tener derecho a ello", y que se sumaría a una pensión por incapacidad permanente absoluta.

Respecto a María del Carmen Fontela, prejubilada con cargo al ERE promovido en 2005 por el restaurante sevillano Río Grande y cuyo nombre figura también en la documentación del ERE impulsado en 2003 por Mercasevilla, exige una fianza no inferior a 200.000 euros para responder de la posible devolución de las cantidades "indebidamente" percibidas como beneficiaria de una póliza se seguros; en concreto, le fueron transferidos, durante unos cinco años, 155.605,27 euros a una cuenta abierta a su nombre por encargo de un comercial de 'Vitalia Vida' para cobrar supuestamente un dinero que a él "le debían".

En segundo lugar, solicita para la propietaria de Río Grande, María del Carmen García, que se le exija aval o fianza suficiente para cubrir las cantidades percibidas por Fontela "de manera solidaria" y por igual cuantía de 200.000 euros. En su declaración judicial, dijo desconocer que Fontela estuviera incluida en el ERE, aseverando que "no la conocía cuando suscribió la póliza".

El fiscal pide retener los pagos pendientes a cuenta de las pólizas

De igual modo, ha solicitado una fianza de al menos 120.000 euros para Francisco de Paula Hernández, que fue incluido en el ERE promovido en el año 2007 por la sociedad anónima laboral sevillana 'Saldauto' pese a no formar parte de su plantilla, al tiempo que ha interesado que, "estando pendientes pagos futuros a cuenta de la póliza suscrita con Apra Leven, se requiera a la compañía para que retenga todo pago futuro que le corresponda como beneficiario de la misma".

Además, y respecto a Rafael Rodríguez Fuentes, incluido en el ERE de 2007 de 'Saldauto' pese no haber trabajado nunca allí, el fiscal ha pedido una fianza no inferior a 110.000 euros y que se requiera también a Apra Leven para que retenga todo pago que le corresponda como beneficiario de la póliza suscrita. Este 'intruso', en su declaración ante la juez Alaya, aseguró que "no sabe lo que es un ERE" aunque figurase en el comité de empresa, que "no leyó" la póliza de seguro de rentas que firmó para adherirse precisamente a un ERE y que la Junta le ha "metido en un ERE que no es el suyo".

En cuanto a Ricardo Medina Barrios —uno de los intrusos que se negó a declarar ante la juez—, militante del PSOE de Camas y prejubilado en el ERE de 2003 de la firma de confecciones Intersur, la Fiscalía solicita una fianza de 170.000 euros, mientras que para José Antonio García Prieto, que era secretario de Política Municipal de la Agrupación socialista de Camas y que está relacionado también con el ERE de Intersur, interesa una fianza de 270.000 euros.

Intrusos de surcolor

Asimismo, pide una fianza de 160.000 euros para José Acevedo, que habría recibido 113.356,52 euros por una póliza de seguro de rentas asociada a los pagos de las prejubilaciones de los extrabajadores de Intersur; además, solicita a Seguros Vitalicio que retenga cualquier pago que le corresponda como beneficiario de la póliza. También solicita 80.000 euros de fianza para Antonio Márquez Sánchez, incluido en el ERE de Surcolor, y de 75.000 euros para Juan Manuel López Espadas, también incluido en Surcolor.

De igual modo, el fiscal ha solicitado una fianza de 130.000 euros para Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba y supuestamente asociado a una póliza de seguro de rentas correspondiente a la compañía Cespa S.A. pese a no formar parte de su plantilla, y por la que llegó a cobrar un total de 153.439,61 euros, y de 450.000 euros para Alejandro Millán Torres, oriundo de El Pedroso y prejubilado en un ERE promovido en 2007 por Fomento de Construcciones y Constratas (FCC) S.A..

Además, ha interesado una fianza de 165.000 euros para Andrés Carrasco Muñoz, natural de El Pedroso, prejubilado supuestamente en un ERE promovido en 2003 por Aceitunas y Conservas S.A.L. (Acyco). Tras la exposición del fiscal, la Junta ha pedido aumentar las fianzas en los casos de López Espadas —de 75.000 a 150.000 euros—, Rodríguez Fuentes —de 110.000 a 350.000 euros— y Francisco de Paula —de 120.000 a 250.000 euros—, mientras que el resto de acusaciones se han adherido a estas peticiones.

Los abogados de las defensas se han opuesto y, en el caso de Fontela, su letrada ha defendido que "no consta que haya percibido para sí cantidad alguna de procedencia ilícita, habiendo reconocido únicamente el percibo de las pequeñas devoluciones en concepto de IRPF que consideraba de procedencia totalmente lícita, puesto que eran devolución de declaración de impuestos".

Un letrado cuestiona la "posición procesal" de la junta

Llamativa ha sido la intervención del letrado de Millán Torres y Carrasco Muñoz, quien ha aseverado que "aún debe definirse completamente la posición procesal" de la Junta, "que no ha determinado en la actualidad la legalidad o no de las ayudas concedidas, limitándose a incoar un procedimiento destinado a investigar esa posible ilegalidad y a paralizar las ayudas en curso".