El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Castro Urdiales han acordado suscribir un convenio de colaboración para que el Consistorio pueda cubrir la plaza vacante de arquitecto municipal. Este acuerdo permitiría acelerar los asuntos urbanísticos que afectan al municipio y que debido a la falta de personal técnico en esta materia se encuentran paralizados.

El convenio dará cobertura, a través de la bolsa de trabajo del Gobierno de Cantabria, a la plaza vacante de técnico en Arquitectura que existen en el Ayuntamiento de Castro Urdiales.

El acuerdo, según ha informado el Gobierno, es fruto de la reunión que han mantenido este jueves los consejeros de Presidencia y Justicia y de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Leticia Díaz y Javier Fernández, respectivamente, con el alcalde de Castro Urdiales, Iván González. También han estado presentes el concejal de Urbanismo, Aitzol Zuazo, los ediles de Industria, Peru Zaballa, y de Asuntos Sociales, Guadalupe Liendo, así como el diputado del Grupo Popular, Miguel Ángel Lavín.

Asimismo, se ha acordado fijar un calendario de reuniones técnicas para analizar "expediente por expediente", con la finalidad de desbloquear estos asuntos urbanísticos que serán tratados en la Dirección General de Urbanismo y en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

El consejero de Medio Ambiente ha expresado la intención de las dos instituciones de mantener una "estrecha colaboración" con el objetivo de que la tramitación de expedientes se actualice "y se vaya instaurando un procedimiento administrativo normalizado que permita acabar con la situación de paralización actual".

Por su parte, Díaz ha asegurado que esta iniciativa constituye "una muestra de colaboración y trabajo conjunto" y que a través de la misma el Gobierno ha demostrado su "sensibilidad" con respecto a esta problemática.

Punto de encuentro

Además, la consejera ha señalado que en la reunión se ha analizado la situación del Punto de Encuentro Familiar y Judicial de este municipio.

En este sentido, ha asegurado que desde la Dirección General de Justicia se estudiará la situación de este servicio en los distintos ayuntamientos para valorar la prestación del mismo y optimizar su funcionamiento. También se establecerá la posibilidad de colaboración autonómica y local a través de convenios para mejorar la eficacia y eficiencia de este servicio, una "materia muy sensible" para toda la población, ha destacado Díaz.