La representación legal de la Junta de Andalucía va a recurrir el apartado del último auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con fondos autonómicos, en el que reclama las autorizaciones del "titular de la Consejería de Economía y Hacienda", actualmente en manos de Carmen Martínez Aguayo y antaño de José Antonio Griñán, sobre operaciones de endeudamiento relacionadas con 21 empresas por considerar que constituye un "error de bulto en la instrucción" porque "carece de fundamentos jurídicos" y al dar "por buena una teoría absolutamente infundada del PP-A".

Así lo ha anunciado este miércoles la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, en rueda de prensa, en la que ha expresado la "total disconformidad y malestar" del Gobierno andaluz con la decisión de la juez de "dar curso" a la petición "sin fundamento" formulada por la "parte procesal del PP-A", que se refiere "a una supuesta obligación de una autorización por parte del titular de la Consejería de Economía y Hacienda que realmente no existe". "Griñán no autorizó ni tenía que autorizar ninguna de las subvenciones que se están investigando", ha subrayado.

La titular andaluza de la Presidencia ha precisado que dicho recurso de reforma se presentará ante el propio juzgado este jueves y subsidiariamente, en apelación, ante la Audiencia Provincial, al entender que esa parte del auto "carece de fundamentos jurídicos" y donde pide que se "corrija" dicha parte.

Moreno ha pedido a la autoridad judicial una mayor "cautela", mayor "conciencia" y que actúe con "mesura", pues "las resoluciones deben ser más cuidadosas por el evidente impacto y repercusiones políticas que genera en la opinión pública y el evidente daño que está causando al presidente de la Junta la interpretación del PP".

"señalar por la cara y el juzgado da curso a esa petición"

"No puede ser que el PP señale por la cara al presidente de la Junta sin ningún fundamento y que el juzgado le dé curso a esa petición sin realizar la oportuna comprobación y examen, se deben evitar daños innecesarios y gratuitos a la imagen del presidente de la Junta", ha aseverado la consejera.

Asimismo, considera que el juzgado "debe conocer la norma y el Derecho y efectuar un examen riguroso de la normativa legal" y "debe evitar que el PP consiga sus objetivos políticos de causar escándalo, generar polémica y utilizar el procedimiento exclusivamente para dañar a la Junta; el juzgado debe revisar esa norma y no contribuir, con voluntad o sin voluntad, a esa ceremonia de la confusión del PP".

En ese sentido, para la consejera "no hay fundamento jurídico alguno que sostenga la petición del PP y por tanto no hay fundamentos que sostengan la petición del juzgado y el auto carece de fundamentos para dar curso a esa petición del PP que solo tiene objetivos políticos". "La investigación no debe ser sometida de manera innecesaria ni gratuita a esta ceremonia de la confusión que organiza el PP y que el juzgado debe y puede evitar", ha agregado Moreno.

No obstante, la consejera rechaza recusar a la juez ni una confrontación a los tribunales y asegura que no quiere insinuar que exista prevaricación, tras lo que ha recordado que la Junta "tiene una hoja de ruta marcada, basada en colaborar e investigar y llevarlo todo al juzgado", aunque ha reconocido que estas cuestiones "no ayudan a ningún partido político" en un proceso electoral.

Moreno ha hecho especial hincapié en la "evidente repercusión pública, absolutamente infundada" que tiene el auto dictado por la juez "contra la Junta de Andalucía y contra su presidente", José Antonio Griñán, por una "interpretación sin fundamento jurídico alguno" basada en la petición formulada por la representación legal del PP-A y ha lamentado que, "con independencia de la voluntad" de la juez Alaya, el caso está siendo "utilizado políticamente por el PP-A para alimentar un escándalo que carece de fundamento alguno".

Tras ser preguntada, Moreno reconoce que "no entiende muy bien la razón por la que se alude a Matsa en ese auto a día de hoy".

Críticas al pp

La consejera, quien ha recordado que ésta es la segunda vez en la que la Junta ha opinado sobre el proceso y ha mostrado su malestar y ha indicado que en esta ocasión se deriva del "evidente impacto público contra la Junta de Andalucía y su presidente", ya que "se dan por buenos sin absolutamente ninguna clase de fundamento la teoría del PP de que la Consejería de Economía tenía que autorizar determinadas subvenciones, algo radicalmente falso".

Considera que el PP "miente y tergiversa por completo la normativa al afirmar que la Consejería tenía que autorizar subvenciones" y ha lamentado que el juzgado "sin más, sin hacer comprobación jurídica de la petición del PP le dé curso a la solicitud, dando por buenos los fundamentos engañosos del PP, cuando un juzgado debe hacer comprobaciones y conocer la normativa".

La consejera ha aludido a la legislación y a los estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para explicar que las subvenciones "sean de la cuantía que sean, no requieren de la autorización de la Consejería de Economía, sino que corresponde al consejo rector de IDEA aprobar las subvenciones", de forma que "una cosa es autorizar una operación de endeudamiento de cualquier empresa pública de la Junta, que sí requiere autorización previa, y otra que IDEA otorgue subvenciones".

"No hay ninguna obligación legal, ni se produjo ni tuvo que producirse ninguna autorización de subvención alguna, sea mayor o menor su importe por parte de esa Consejería", ha agregado Moreno, quien lamenta que "no es la primera vez que la representación procesal del PP realiza una maniobra de este tipo para causar escándalo público", tras lo que apunta que el PP "tergiversa y manipula continuamente pero a los tribunales se le presupone conocimiento y examen de las normas".

A su juicio "quien verdaderamente hace daño a la independencia de los tribunales es el PP, que manipula continuamente el proceso, anuncia resoluciones y genera una falsa apariencia que, por hacer daño al presidente de la Junta, acaba haciendo daños a la propia administración", tras lo que le ha recordado que la Junta "no es un partido político, sino una institución y el presidente de la Junta ha ordenado investigar y esclarecer los términos del presunto fraude cometido y ordena colaborar con la Justicia".

Llamamiento a zoido

Ha recordado que el juzgado en dicho auto pide información al PP sobre posibles irregularidades en la franja pirítica de Huelva y considera que el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, entonces delegado del Gobierno en Andalucía, "deberá contar en el juzgado lo que sabe de esas irregularidades, de las que el Gobierno del PP será hipotéticamente responsable, si les hubiera". "El PP critica que si le pregunta a Zoido qué sabe es porque el PSOE obstaculiza, es algo ridículo y el PP deberá dar explicaciones", ha aseverado.

Tras pedir "respeto para las personas y para los procedimientos", Moreno apunta que el PP "utiliza los procedimientos judiciales, pero cuando les perjudican, no tiene el menor reparo en atacar a los jueces; nosotros somos distintos, nos basamos en el total rigor y colaboración y pedimos que cualquier persona se aproveche de lo público excluida y queremos atajar cualquier irregular y recuperar el dinero, tenemos una actitud responsable y diligente". "No hay mejor reparación del daño que el esclarecimiento de la verdad", concluyó Moreno.