El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha fijado este miércoles comparecencias semanales a los tres acusados de lanzar tartas en Toulouse (Francia) a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, a los que imputa un delito contra la autoridad, castigado con penas de entre 4 y 6 años de prisión.

El magistrado, que ha adoptado esta decisión a instancias de la fiscal Blanca Rodríguez, también ha prohibido a los imputados abandonar el territorio nacional y les ha retirado el pasaporte.

En su auto, Pedraz imputa a Ibon García Garrido (32 años), Julio Martín Villanueva (53) y Gorka Ovejero Gamboa (38) un delito contra la autoridad penado con penas de entre 4 y 6 años de cárcel y multa de seis a doce meses al tratarse de un "miembro del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma".

Detalla además que dada la condición de teniente de alcalde de Arruazu (Navarra) de Ovejero Gamboa podría apreciarse en él una agravante por su condición de autoridad, por lo que la fiscal entiende que podría reclamar hasta 9 años de cárcel para él. Pedraz ha acordado continuar las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado, por lo que da traslado a las partes personadas para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.

El magistrado relata que sobre las 16.30 horas del pasado 27 de octubre, cuando Barcina se encontraba presidiendo el 29 Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) en Toulouse, se acercó a ella Ovejero Gamboa, que portaba "oculta en una carpeta una tarta y sacándola de forma sorpresiva se abalanzó por delante sobre la presidenta estampando la tarta en su cabeza".

Inmediatamente después, añade el auto, y "mientras la citada se encontraba aturdida como consecuencia del impacto", se acercaron por la espalda sucesivamente Martín Villanueva y García Garrido, "estampándola respectivamente cada uno una tarta en la cabeza".

Según Pedraz, los tres imputados, que pertenecen a la plataforma contra la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV) "Mugitu!", actuaron "de común acuerdo" y lo hicieron para "agradecer los ímprobos esfuerzos que como máxima responsable política de Navarra estaba realizando por la imposición de esa infraestructura", además de ser "una elegante manera de darle la bienvenida a su nuevo cargo".

Esas afirmaciones recogidas por el juez en su auto, las emitió "Mugitu!" en un comunicado el mismo día de los hechos a través de Internet. El abogado de los tres presuntos agresores, Gonzalo Boye, ha explicado que éstos se han acogido a su derecho a no declarar porque hay una investigación abierta en Francia donde están acusados de dos faltas: una de violencia voluntaria y otra de daños abiertos, castigadas ambas con multa.

El letrado entiende que los tres imputados deben declarar en Francia y basa su argumento en el auto dictado en junio de 2009 por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que acordaba archivar la causa en la que investigaba un ataque de Israel a la franja de Gaza el 22 de julio de 2002 porque la justicia israelí tenía preferencia sobre la española.

En aquellos hechos, en el que murieron un líder de Hamás y 14 civiles, y resultaron heridas otras 150 personas, no había víctimas españolas, a diferencia de los lanzamientos de las tartas contra Barcina, que podría constituir un delito contra español fuera del territorio nacional, cuya competencia corresponde a la Audiencia Nacional.

Asimismo, Boye ha anunciado que "se están estudiando medidas legales" porque desde el Gobierno navarro se han realizado manifestaciones "que dan a entender que (los tres imputados) serían parte de la izquierda abertzale y que estarían vinculados, sobre todo, con ETA", unas acusaciones que considera "no sólo falsas, sino injuriosas".

En las inmediaciones de la Audiencia Nacional había una decena de personas con pancartas de apoyo a los tres imputados en las que se leía: "No hay tartas para tanto cara" y "La desobediencia civil no es delito, el delito es el TAV..."