El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Oviedo ha advertido este miércoles de que si, como consecuencia de la retasación de Villa Magdalena, el Consistorio se ve obligado a pagar "un sólo euro", el Partido irá contra el patrimonio personal del alcalde, Gabino de Lorenzo, a quien han acusado de provocar la situación. "Si no tiene dinero que se lo pida al partido", ha dicho el portavoz.

En rueda de prensa, Roberto Sánchez Ramos ha comprometido que el Grupo va "a batallar" porque "Oviedo ya pagó 16 millones por una superficie de 5.000 metros cuadrados y un palacete del siglo XX, prácticamente sin valor, que hubo que rehabilitar".

Sánchez Ramos ha opinado que Villa Magdalena "está sobradamente pagado" y ha tildado de "injusto" que el asunto vuelva a sus inicios, con cifras que rondan los sesenta millones, en un municipio que adolece de inversiones en educación.

Además, el edil ha considerado un "tremendo error jurídico" elegir al catedrático Raúl Bocanegra como defensor de los intereses municipales, más cuando fue parte litigante contra el Consistorio, por el PSOE. "Es difícil encontrar en una sentencia tantos calificativos denigrantes contra un abogado", ha dicho al respecto de la sentencia.

Por último, el portavoz de la coalición de izquierda ha opinado que Bocanegra "desconocía los fundamentos básicos del juicio", que hubiera salido mejor si se hubiera dejado en manos de los servicios jurídicos municipales.

Dureza jurídica y trascendencia económica

Los abogados de esta formación, del despacho De la Iglesia y Teijelo, han informado, en rueda de prensa, de que el derecho a la retasación de Comamsa es irrevocable. En su opinión, el auto es "de extrema dureza jurídica e incalculable trascendencia económica para los intereses públicos municipales".

Para el despacho, el principal error radicó en no haber formulado hoja de aprecio en agosto, de acuerdo a una ley del suelo más benévola que la de 1998, que puede incrementar sustancialmente el precio del inmueble que deberá entregar el Consistorio a la empresa Comamsa.

El abogado Gerardo de la Iglesia ha indicado que el Ayuntamiento debe ahora redactar la hoja de aprecio y enviarla al juzgado, donde un jurado de expropiación podría resolver en "meses".