PP ve un "atropello" que MARM apruebe a 8 días del 20N un reparto de pesca del chicharro que "castiga" a la bajura

Fernández pide que se suspenda la aprobación de la orden, aún pendiente de publicar, hasta después de las elecciones
El Diputado Del PP Regional Íñigo Fernández
El Diputado Del PP Regional Íñigo Fernández
EUROPA PRESS
El Diputado Del PP Regional Íñigo Fernández

El diputado regional del PP Íñigo Fernández ve un "atropello" y un "disparate" que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) haya aprobado a "ocho días de las elecciones" la orden que regula el reparto de pesca del chicharro para los próximos tres años "sin consenso" del sector y "discrimando" y "castigando" a la flota "mayoritaria", que es la de bajura, y, por tanto, a Cantabria.

Dado que la orden está todavía sin publicar y, ante la "mucha indignación" e "incertidumbre" que, según Fernández, ha provocado en el sector pesquero, el diputado 'popular' ha pedido que se suspenda la aprobación "hasta que pasan las elecciones" puesto que, a su juicio, debe de ser "el Gobierno que entre" tras el 20 de noviembre, y no el saliente, el que determine la distribución de estos derechos de pesca.

Esta orden afecta, además de al chicharro (o jurel), a especies como la caballa, la merluza, el rape, el bacaladillo, el gallo y a la cigala y, según Fernández, otorga mayor reparto a la flota de altura —los arrastreros—, a pesar de la de bajura es "mucho más numerosa" en número de barcos y empleo a más pescadores.

Según ha explicado en una rueda de prensa, en Cantabria la flota de bajura está integrada por más de 40 barcos y unos 700 pescadores, mientras que la de altura, integrada por aproximadamente cinco naves, emplea a 40 trabajadores.

Fernández ha explicado que lo mismo ocurre en otras comunidades afectadas por el reparto de pesca del chicharro —Galicia, Asturias y País Vasco— donde, sumadas a las de Cantabria, hay 90 embarcaciones de altura (700 pescadores) y 300 de bajura (4.000). PROTESTAS

"El MARM pone por delante los intereses de 90 barcos y 700 pescadores, que los de 300 barcos y 4.000 pescadores", se ha quejado Fernández, quien ha advertido que la oposición de la flota de bajura a esta orden es "muy fuerte" y no ha descartado acciones de protesta y amarre de la flota.

Según ha señalado, el pasado lunes se reunieron en Galicia representantes de 60 cofradías de esa comunidad para analizar la situación y estudiar posibles propuestas y hoy harán lo propio en Gijón los representantes de los pescadores de las cuatro comunidades en una reunión en Gijón.

Fernández ha asegurado que la orden se ha aprobado "sin escuchar" las críticas del sector, algo que, según ha asegurado, ya ha ocurrido en otras ocasiones porque —ha denunciado— "cada vez que el MARM interviene en algo la arma".

"Hay muchas prisas para sacar adelante esta orden ministerial y no se entiende", ha aseverado el diputado 'popular', quien ha considerado que este reparto beneficia a las "flotas más poderosas" y a los "grandes arrastreros de Galicia".

Según ha advertido, la orden, aprobada este viernes, "condiciona mucho" los próximos tres años ya que —ha dicho— si finalmente se publica no se puede volver atrás por lo que cree que es una "auténtica inmoralidad" sacarla adelante ocho días antes de las elecciones cuando el Ministerio lleva trabajando en ella dos años.

Cuota y reparto

Por otra parte, Fernández ha opinado que la orden no debería de haberse aprobado hasta que no se hayan asignado las cuotas para estas especies, algo que, según ha dicho, se hará el 12 y 13 de diciembre en la reunión del Consejo de Ministros de Pesca de la UE.

Según ha explicado, el TAC del chicharro para España fue de 30 millones de kilos) distribuidas en dos zonas —la VIIIc, que es la que afecta a Cantabria, y la IX (noroeste de España, Glofo de Cadiz y aguas de Portugal).

A la zona VIIIc, dentro de la que afecta a Cantabria, le correspondieron entonces 22,5 millones de kilos frente a los 7,5 de la otra zona.

El reparto que la orden establece para el jurel en esta primera zona otorga un 54 por ciento a la pesca de arrastre; un 38% a la de cerco y un 7% para otros censos, algo en lo que no está de acuerdo ya que ha abogado porque prime más los aspectos socioeconómicos que las serie histórica de capturas de los últimos siete años.

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