El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), ha dicho esperar que la Audiencia Nacional, ante la que el Consistorio cordobés recurrió la designación de San Sebastián como Capital Europea de la Cultura 2016, llame a declarar a miembros del jurado que eligieron a la ciudad vasca, al entender que algún jurado ayudó a la candidatura de Donostia y que otros lo sabían.

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, Nieto ha dicho creer que "desde dentro del comité de selección algunas personas han podido ver cosas que no entendían que fueran razonables y es probable que esas personas hayan sido las que nos hicieron llegar esa información", en forma de un CD con diversos archivos remitido al propio alcalde y que sirvió de base para el recurso presentado por el Consistorio.

A raíz de ello, opina que, "a lo mejor ahora la Audiencia Nacional puede pedir a esas personas que directamente emitan su valoración en la causa, que está abierta" y que existe porque "el Ayuntamiento de Córdoba cree que es legítimo reclamar judicialmente para saber si el proceso de selección de San Sebastián se ha ajustado a lo que establece la Ley".

En concreto, el Consistorio cordobés considera, tal y como publica este miércoles 'El Día de Córdoba', que más de un miembro del jurado de la Capitalidad de 2016 tuvo en sus manos los documentos elaborados por la profesora de la Universidad de Deusto Cristina Ortega, cuyo papel como miembro del comité de selección ha sido puesto en duda. Los documentos oficiales presentados por la representación legal del Ayuntamiento ante el Ministerio Cultura y ante la Audiencia Nacional señalan al experto alemán Andreas Wiesand como una de las personas que tuvo acceso al documento elaborado por la profesora Ortega, en el que realizaba recomendaciones sobre cómo mejorar la candidatura de San Sebastián.

En el recurso presentado por el Ayuntamiento se estima que "cabe entender razonablemente que este señor pudiera ser la persona" que remitió al alcalde de Córdoba el CD con archivos informáticos que pondrían en duda la imparcialidad de Cristina Ortega, miembro a su vez del consejo asesor del Gobierno vasco en materia de cultura.

Esto implicaría, según la representación legal del Ayuntamiento, "otorgar a esa documentación una mayor relevancia, pues significaría que incluso de manera interna, desde dentro del mismo comité de selección, se está poniendo en cuestión el nombramiento y la regularidad del procedimiento de designación", afirma el recurso.

Según esa tesis, fue un miembro del jurado quien -de forma anónima- quiso dar la voz de alerta ante unas posibles irregularidades que el Ministerio de Cultura descartó tras una investigación interna. El Gobierno concluyó que esos documentos habían sido sustraídos del ordenador de la profesora de Deusto, corroborando implícitamente su autenticidad, aunque en ningún momento se reconoció que hubiera participado de forma activa en las aportaciones de la Universidad a la candidatura ganadora. En el comunicado de Cultura sobre la investigación interna no consta que ningún miembro del jurado que no fuera la propia profesora Ortega declarase en esa investigación.

Cultura rechazó expresamente el recurso administrativo presentado por el Ayuntamiento alegando que no había caso y que no se podía revisar el fallo inapelable del jurado. El Consistorio optó por llevar el asunto por la vía del contencioso-administrativo. Recientemente, se conoció que el Ayuntamiento de San Sebastián se ha personado en el caso, lo que, según el procedimiento, implica que la Audiencia Nacional -que entiende los recursos ante el Ministerio de Cultura- ha aceptado a trámite el pleito.

Entre otras razones, el recurso se basa en defectos formales de contaminación del jurado y en que los informes realizados desde Deusto por la miembro del jurado sirvieron para mejorar determinados aspectos de la candidatura donostiarra. Los papeles de Deusto se escribieron entre la primera selección y la entrega definitiva del dossier. San Sebastián -como otras ciudades- realizó cambios sustanciales en su propuesta final.

La defensa legal del Ayuntamiento ha pedido que, de manera cautelar, se suspenda el nombramiento de San Sebastián como Capital Europea de la Cultura, lo cual, caso de producirse, debe hacerse mediante un pronunciamiento judicial razonado.