El empresario de la comunicación y editor Jacinto Farrús, imputado en el marco del caso Voltor y en libertad bajo fianza de 100.000 euros, ha reconocido ante la jueza instructora que subvencionó parte de la campaña electoral de UM previa a los comicios autonómicos y municipales de 2007, si bien ha precisado que actuó "dentro de los límites que marca la Ley de Partidos Políticos" y después de que desde la formación le pidieran ayuda meses antes de la campaña.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, en la que ha negado de forma tajante que las adjudicaciones que varias de sus empresas obtuvieron del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) cuando éste estaba controlado por UM fuesen contraprestaciones del partido nacionalista.

El encausado, defendido por el abogado Llorenç Salvà, ha recordado que aportó dos o tres personas para que ayudaran a la formación durante la campaña, que eran empleados que tenía disponibles en sus empresas y a los que, ha aseverado, "no contraté expresamente para ello". Asimismo, ha manifestado creer que fue el expresidente de UM, Miquel Àngel Flaquer -también imputado en esta causa- quien le pidió esta ayuda.

En esta misma línea, Farrús, tras serle exhibido uno de los correos que obran en autos, ha recordado el exconcejal de UM en Bunyola, Guillem Riera, le pidió presupuesto para unas lonas a una empresa del declarante y le preguntó si le podía hacer un "buen precio". Tras ello, según ha explicado, el empresario le dijo que "no se preocupara que se la regalaba", alegando que se trataba de "una cuestión personal" del declarante y "no de la empresa" y negando que fuese una contraprestación a cambio de contrataciones que esperaba recibir de la Administración.

Al ser preguntado en concreto por el concurso sobre 'benchmarking' -turismo de congresos y reuniones- al que concurrió y que según las pesquisas fue manipulado a fin de beneficiar a empresas pertenecientes al imputado, Farrús ha negado que con este objetivo se entrevistase nunca con Flaquer ni que le solicitase conseguir la adjudicación de concurso alguno.

Es más, ha afirmado que no había "ningún interés" por parte de Flaquer, del exgerente del Inestur Antoni Oliver y del exresponsable económico de esta empresa Álvaro Llompart para que resultase beneficiado en este concurso, que fue convocado por un importe de 360.000 euros (417.600 euros con IVA) y al que se presentaron un total de 13 licitantes. Los investigadores apuntan sin embargo que acabó amañado con el objetivo de beneficiar a la UTE formada por THR y Tourin Consulting, pertenecientes a Farrús.

De hecho, las pesquisas apuntan a que la UTE resultó favorecida de un día para otro -con un fin de semana de por medio- a pesar de que otras dos sociedades estaban tres días antes mejor valoradas.

En concreto, tanto la empresa Cubic Asesoramiento Empresarial como Seico 9 SL eran las dos sociedades que mejor valoración tenían, a pesar de que en el último momento -se cambió de un viernes a un lunes- la UTE pasó de estar en un quinto lugar al primero, hecho que fue denunciado ante Fiscalía por los administradores de las mercantiles perjudicadas al entender que la adjudicación se había llevado a cabo de forma irregular y que podía haber un trato de favor hacia la ganadora.

Las investigaciones sitúan al conocido empresario, en libertad bajo fianza de 100.000 dentro de esta causa, como "figura clave en el entramado de adjudicaciones" realizadas, y le relacionan con 21 sociedades en la que consta como administrador o apoderado y en otras 120 mercantiles de las que ha formado parte. Así, le vinculan no sólo con las licitaciones del Inestur sino también de "otras esferas" del Govern, tal y como consta en el amplio sumario del caso.