La empresa pública extremeña GPEx compró el 12 de abril de 2011 por un valor 12.899,79 euros tres perros de raza pastor belga malinois, que están adiestrados para la detección de cebos envenenados, sin tener un destino oficial en el que desarrollasen su actividad, según ha confirmado a Europa Press el actual director-gerente de esta entidad pública, Óscar García Rioboó, con el nuevo Gobierno de José Antonio Monago.

García Rioboó ha destacado que la factura para proceder al pago de los tres animales ha llegado a fecha 3 de octubre de 2011 cuando la empresa pública tiene una nueva dirección.

El director-gerente de GPEx ha explicado que lo "llamativo" es como se financian estos perros porque la empresa pública trabaja a través de "encomiendas de gestión" que consisten en un contrato vinculado a la realización de un servicio.

"Salvo error o sorpresa, no existe ninguna encomienda en la que se diga a GPEx que compre tres perros" por lo que la empresa pública compró los animales "con cargo a sus gastos generales", es decir, "sin que nadie se lo haya mandado hacer así", ha puntualizado García Rioboó.

El director gerente de GPEx ha matizado que esta compra, cuya existencia adelantaba esta mañana la Cadena Cope, se podría justificar si se hubiese hecho "dentro de uno de los elementos definitorios" de la empresa que es la Responsabilidad Social Corporativa, pero, ha explicado, que este razonamiento "puede quebrar" porque "falta la cesión a un tercero, a una organización, a la Guardia Civil", etcétera.

Óscar García ha asegurado que la factura de estos tres pastores belgas malinois "debe abonarse" porque "el proveedor no tiene ninguna culpa de nada" y ahora hay que reflexionar sobre el destino que se va a dar a los mismos para "que resulten útiles" y se encuentre una "justificación" a la compra, siendo una posibilidad "cederlos a un tercero" como, por ejemplo, la Guardia Civil.

Por último, Óscar García ha subrayado que desde que ha llegado a la gerencia de GPEx "se ha detectado antecedentes" a este caso como, por ejemplo, "que hay determinados costes de personal o personas directamente destinadas a un convenio para el cual no están prestando sus servicios" lo que supone "desvirtuar el convenio" puesto que "se imputa un gasto que no está produciendo un servicio" al acuerdo.