Para evitar estas demoras y desatascar los procesos civiles, el Ministerio de Justicia anunció que, antes de verano de 2005, pondría en marcha los juicios rápidos de desahucios y reclamación de cantidades menores de 3.000 euros (una medida prevista en la reforma de Ley de Enjuiciamiento Civil de 2003).

Un año después, continúan sin celebrarse este tipo de juicios que solventarían en tres meses los rifirrafes entre el dueño del piso y su inquilino.

Cunde la indignación

Al respecto, el secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, dice: «Estamos indignados. Se iban a poner en marcha el año pasado, pero dependemos de que el Ministerio cree las oficinas de señalamiento para celebrar estos juicios, y no lo hace».

También desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclaman que se celebren ya, como ha confirmado a 20 minutos el vocal del CGPJ para la Comunitat, Javier Laorden. De hecho, matiza, «me inclino más por los señalamientos rápidos que por los juzgados de proximidad (están previstos en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y uno de sus cometidos serían los desahucios).

El Ministerio de Justicia no ha atendido las llamadas de 20 minutos.

Los juzgados de la Comunitat tramitaron el año pasado 2.503 desahucios (son casi siete al día). Valencia fue la ciudad con más procedimientos de este tipo, con 1.643, seguida de Alicante, con 575.

En un principio, la idea era implantar este tipo de juicios, de manera piloto, en Valencia, Madrid, Jaén, Vigo y San Cristóbal de la Laguna (Tenerife).

Debe abandonar la casa en 50 días

Con el desahucio exprés, el casero presentaría la demanda en la Oficina de Señalamiento, que citaría al moroso y tramitaría, de manera inmediata, la documentación ante los juzgados. Así, entre 10 y 20 días después de la denuncia se tendría fecha para el juicio, que se celebraría en los 60 días posteriores. Notificada la sentencia, el inquilino debería dejar la casa en 50 días.