El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha valorado los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2012, ante lo que ha expresado su preocupación por que "no se valoren las políticas sociales de carácter preventivo y se aplique un único y equivocado criterio de ahorro en estas políticas", tras lo que ha pedido soluciones ante el "incumplimiento" y "desatención" de las administraciones municipales en sus obligaciones de pago", dándose "situaciones de ilegalidad" e "injusticia hacia los acreedores".

En su comparecencia, Chamizo ha resaltado la importancia del presupuesto como "sostenedor de las políticas y acciones que dan alcance y sentido a los derechos sociales que consolidan un modelo justo de sociedad" y ha resaltado la importancia de las políticas sociales concretas de carácter preventivo en los ámbitos asistencial y laboral, toda vez que "el carácter preventivo y de anticipación es esencial".

Tras lamentar que existen sistemas prestacionales "que sufren carencias muy serias y severas", Chamizo indica que "parece que de ciertas políticas se puede prescindir pero hasta cierto punto, nos va a costar mas el remedio que la enfermedad", ha aseverado Chamizo, quien ha puesto de ejemplo las ayudas a las ONG, que, a su juicio, "corren peligro y muchas organizaciones pequeñas han tenido que cerrar", o los recursos para los centros de acogida de menores desprotegidos

"La obsesión inmediata de restringir hoy gastos sociales, siguiendo criterios economicistas para ahorrar en programas preventivos, puede convertirse en la peor inversión del mañana", ha advertido el Defensor, quien lamenta que la crisis económica "provoca un estado de necesidad que motiva la prestación de servicios para atender variedad de situaciones, a lo que antes se contribuía y que ahora están en retroceso, cuando son víctimas de un implacable desmontaje".

Ha recordado que "se trata de derechos sociales reconocidos y garantizados por normas en vigor, de las que se hacen merecedores muchas personas y colectivo que merecen unas cuotas mínimas de dignidad".

A su juicio, "la escasez económica no puede servir de excusa para recortar derechos sociales", aunque ha lamentado que "muchas medidas de carácter social se están restringiendo, cuando se trata de la inversión menos costosa y más rentable de realizar".

Importancia del sistema asistencial

En su comparecencia en comisión parlamentaria, ha destacado la importancia del sistema asistencial, algo "insustituible" y que "se ha montado entre la cesión de tareas de la Administración Pública y el reconocimiento de iniciativas particulares y entidades colaboradoras, de forma que se han ido ofreciendo conciertos y fórmulas de colaboración".

"No ha importado tanto la titularidad del agente prestador de servicios como la realización concreta del trabajo asistencial", ha aseverado.

Chamizo ha indicado que el sistema "se ha sostenido siempre con dificultades desde el compromiso presupuestario público y ahora debemos ser conscientes de los efectos que puede tener con medidas restrictivas que tiene muy inquietos a estos sectores, cuando se trata de aliados insustituibles de la política de prestaciones".

"No se trata de ayudas o prestaciones complementarias sino que muchas veces suponen el único sostenimiento de muchas acciones que sin estas ayudas no se podrían llevar a cabo", ha agregado el Defensor.

Incumplimiento de pago de los ayuntamientos

Asimismo, ha lamentado el "incumplimiento" y "desatención" de las administraciones municipales en sus obligaciones de pago", de forma que en este ámbito "existe una respuesta desigual y poco reglada", dándose incluso "situaciones de ilegalidad" y "clara injusticia hacia los acreedores", lo que provoca que "muchos recurran al Defensor en demanda de ayudas y cuando nuestros esfuerzos resultan válidos acuden a la vía judicial para poder cobrar sus deudas".

Alerta de que si esa situación de impago se "generaliza", puede producir "efectos devastadores", por lo que ha demandado que en la normativa "se establezcan criterios de mejora de la financiación municipal y que impidan que esta situación se agrave".

Asimismo, ha lamentado que "no haya entrado la Ley de Inclusión", con la que "se hubiera dado una buena respuesta a muchas situaciones que están planteadas" y ha apostado por "hacer un buen plan de persecución del fraude fiscal, pues si lo tuviéramos, tendríamos muchos problemas económicos resueltos".