Unas 200 personas se han concentrado este domingo frente a la Grúa de Piedra, al lado del emplazamiento previsto para el Centro Botín de las Artes, para criticar que con este proyecto se está haciendo "un traje a medida" y "de arriba a abajo".

Así lo ha manifestado Juan García, portavoz del colectivo convocante, el Movimiento en Defensa de la Identidad de la Bahía, que, precisan, no rechazan este proyecto promovido por la Fundación Botín y el Banco Santander, sino la ubicación elegida.

Durante la protesta, se han distribuido hojas para presentar alegaciones a la modificación número 9 del Plan Especial del Sistema Portuario, que da cobertura al cambio de usos en la zona para permitir el uso para dotaciones culturales.

Estas alegaciones, de las que se han recogido mil en una hora, según la organización, se presentarán el próximo martes a las diez de la mañana en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

Los convocantes inciden en que la decisión no se ha tomado con "consenso" y afecta a "suelo público en el mejor solar de Santander", y lamentan sus efectos sobre el paisaje.

ALEGACIÓN

En alegación se hace hincapié en que la modificación del sistema portuario no responde a las necesidad propias de su actividad, sino que atiende a la iniciativa de "una entidad particularidad", y que no se ha justificado el emplazamiento elegido, ni que sea "imprescindible" esa zona.

"Los responsables de las administraciones podrían estar forzando una interpretación de las normas jurídicas para obtener un objetivo establecido 'a priori' y en favor de una iniciativa particular, manipulando documentos técnicos para justificar aparentemente una decisión", apuntan, con lo que concluyen que "estaríamos" ante actuaciones que podrían encuadrarse en la figura delictiva de prevaricación.

El impacto sobre el paisaje lo describen como "brutal e inaceptable", y advierten de la "invalidez" del Informe de Sostenibilidad Ambiental, que, además, fue elaborado por un licenciado en Geología y no por varios profesionales, según exponen, de modo que el informe es "nulo de pleno derecho y carente de validez y eficacia", en el que se ha cometido un "falseamiento de los hechos".

Y enumeran los distintos impactos visuales desde diferentes puntos de la ciudad, así la vulneración del Convenio Europeo del Paisaje o de la Ley del Patrimonio Cultural de Cantabria.

También avisan de los perjuicios económicos que supondrá, al implicar el traslado del acceso al ferry.