El juez encargado de tramitar el 'caso Emarsa' ha acordado retener los pasaportes del exgerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia (Emarsa), Esteban Cuesta, del exdirector financiero de la entidad, Enrique Arnal; del exinformático Sebastián García; y del empresario de la firma Notec, José Luis Sena, por riesgo de fuga.

Estos cuatro imputados en esta causa comparecieron el miércoles ante el juez de Instrucción número 15 de Valencia, tras requerirlo la Fiscalía, con el objeto de debatir sobre la adopción o no de medidas cautelares. En el acto, el ministerio público reiteró su solicitud de acordar la libertad provisional, retirarles el pasaporte y establecer comparecencia obligatoria semanal ante el juzgado.

La acusación particular se adhirió a la petición del ministerio público y, además, anunció que pensaba presentar por escrito la solicitud de que se les exija una fianza como medidas civiles —30 millones de euros para Cuesta; 30 millones de euros para Arnal; ocho millones de euros para Sebastián García y cinco millones de euros para José Luis Sena—.

Los cuatro imputados se opusieron a las medidas cautelares solicitadas por el fiscal y alegaron que sus situaciones personales les impedían huir del país. En concreto, Cuesta indicó que no disponía de medios económicos cuantiosos, y que el suyo es el único ingreso que tiene la familia.

No obstante, Enrique Arnal dejó ya en el juzgado su pasaporte para no tener que volver a acudir, puesto que se encuentra de baja por una enfermedad. Precisamente este motivo ha hecho que todavía no haya sido citado a prestar declaración en esta causa en la que está imputado.

El magistrado, tras escuchar todas las alegaciones, ha acordado en un auto de 25 páginas la retención de los pasaportes al estimar, en primer lugar, que el hecho de que los imputados sean de nacionalidad española y tengan en este territorio sus vínculos familiares "no es suficiente para entender que no se van a sustraer a la acción de la justicia".

En segundo término, considera que las penas que se les podría imponer —de entre seis u ocho años por un delito continuado de malversación de caudales públicos—, entre otros, son "suficientemente graves" como para entender que exista un alto riesgo de fuga.

Asimismo, tiene en cuenta que los imputados tienen intereses económicos en el extranjero, que han quedado reflejados no sólo en los múltiples viajes realizados fuera de España, sino además por la especial vinculación de éstos con personas de nacionalidad extranjera ajenas a Emarsa.

Los viajes

En relación a estos viajes, el magistrado indica que se han tratado de justificar argumentando que la empresa tenía la intención de participar en la puesta en marcha de una depuradora en Rumanía para obtener financiación externa. Pero esta versión resulta, a su entender, "un tanto inverosímil", ya que este proyecto no aparece reflejado en ninguna de las actas del Consejo de Administración.

Por otro lado, el juez agrega que el objeto social de Sociedad Privada Municipal Emarsa es el mantenimiento, explotación y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales/Pinedo, lo que "refuerza la tesis de que los viajes realizados pudieran estar fundados en intereses privados".

Medida "equilibrada"

Por estos motivos, el juez acuerda retirar los pasaportes con el objeto de garantizar la presencia de los imputados durante la instrucción de la causa y, lo más importante, en el acto de juicio oral. Entiende que esta medida es "equilibrada" en cuanto a los beneficios que se pueden obtener con la misma, ya que es "superior" al perjuicio que se les pudiera ocasionar a los imputados con la misma restricción del derecho fundamental afectado por la medida.

Además, indica que esta medida no supone vulneración alguna del derecho de defensa, por cuanto que los imputados ya han tenido y tienen pleno conocimiento de los hechos objeto de imputación y se encuentran ejerciendo su derecho de defensa desde el momento de notificación de los autos en los que se les atribuye la condición de imputado.

En definitiva, el magistrado afirma que concurren "sobradamente" los presupuestos para la adopción en el presente caso de las medidas cautelares interesadas al objeto de garantizar la presencia de los imputados durante la instrucción.

No obstante, atiende la petición del letrado de Cuesta en el sentido de que su comparecencia semanal en el juzgado se fije con arreglo al servicio de guardia que presta como enfermero. Los otros tres imputados también tendrán que presentarse en el juzgado, pero todos los jueves, y cuantas veces sea llamados.

La retención del pasaporte de los imputados se llevará a cabo de inmediato, debiendo de ser entregados en la Secretaría de este juzgado, como máximo hasta las 10 horas de este sábado, 12 de noviembre, a través de las dependencias del juzgado de guardia. Además, el juez cursará este viernes las órdenes oportunas para que por la autoridad competente se tenga constancia de las medidas adoptadas y de la consiguiente prohibición de expedir otros pasaportes a los imputados. También ordena librar las órdenes precisas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su comunicación a las autoridades de los demás estados miembros de la Unión.