Una sentencia del Juzgado de lo Social 3 de Valladolid ha condenado a Sacyl a abonar 33.597 euros a la familia de una menor que actualmente tiene 16 años por el tratamiento de hormona del crecimiento al que se ha sometido desde los 13.

Según han informado fuentes de la Asociación Defensor del Paciente, cuyos servicios jurídicos han tramitado el asunto, se trata de una nueva sentencia judicial en la que se reconoce que el tratamiento prescrito debe ser cubierto por el sistema público de salud al no encontrarse excluido de la financiación por el sistema público de seguridad social, y ya que "su prescripción obedece a los criterios esenciales sobre el uso racional de este tipo de prestaciones sanitarias".

La menor, nacida en junio de 1995, "presentó problemas de crecimiento desde el principio", por los que ha recibido tratamiento en el Departamento de Endocrinología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. "A pesar de la insistencia del médico asistencial solicitando el protocolo de la hormona al comité asesor, éste denegó el tratamiento y viendo la necesidad del mismo, el medico asistencial lo prescribió cuando la menor contaba con 13 años", han asegurado las mismas fuentes.

"De inmediato comenzó a verse la eficacia del tratamiento y de no haber administrado el tratamiento, se habría puesto en peligro su salud y su vida, pues es ampliamente conocido que el déficit de hormona de crecimiento puede causar secuelas muy graves en los pacientes", han añadido.

Esta sentencia, al igual que las anteriores con el mismo tenor establece que son los facultativos quienes han de prescribir los tratamientos médicos y farmacológicos que estimen oportunos, "acordes con los criterios de racionalidad". Además, el texto judicial apunta que el sistema público de seguridad social debe cubrir los costes ya que la financiación del tratamiento no está excluida.

Por ello, Defensor del Paciente ha criticado que, "a pesar de las reiteradas sentencias favorables a los derechos de los pacientes en casos similares, incluso al pronunciamiento del Tribunal Supremo", Sacyl "sigue oponiéndose al reintegro de gastos por este tipo de tratamiento y obligando a los padres de los pacientes a acudir a los Tribunales en defensa de sus intereses".