Asociaciones de familias de personas con enfermedad mental y residencias reivindican el pago de la deuda del Consell

Asociaciones de familias de personas con enfermedad mental y de residencias y servicios a personas dependientes se han concentrado este jueves ante el Centro de Salud Mental Mentalia Puerto de Valencia para reivindicar el pago de la deuda del Consell con el sector socio-sanitario, que cifran en cerca de 13 millones de euros en el caso de la atención a personas con enfermedad mental y en 75 millones lo correspondiente a todo el sector, con partidas "sin abonar desde 2007".
Concentración De Aerte En El Centro De Salud Mental Mentalia Puerto.
Concentración De Aerte En El Centro De Salud Mental Mentalia Puerto.
AERTE
Concentración De Aerte En El Centro De Salud Mental Mentalia Puerto.

Asociaciones de familias de personas con enfermedad mental y de residencias y servicios a personas dependientes se han concentrado este jueves ante el Centro de Salud Mental Mentalia Puerto de Valencia para reivindicar el pago de la deuda del Consell con el sector socio-sanitario, que cifran en cerca de 13 millones de euros en el caso de la atención a personas con enfermedad mental y en 75 millones lo correspondiente a todo el sector, con partidas "sin abonar desde 2007".

La concentración, y paros de unos minutos en residencias de toda España, se ha replicado en la práctica totalidad de los centros de la Comunitat Valenciana, así como en otras autonomías, a gracias al respaldo de las diferentes patronales a los parones propuestos por la Federación Nacional (FED).

Trabajadores y representantes de la Asociación de Inserción laboral para Personas con Enfermedad Mental (Ispem); la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) y la de Familiares de Personas con Enfermedad Mental, han lamentado que siguen "sin respuesta" ante la deuda mantenida "y cada día que pasa la situación es más desesperada para las personas en situación de dependencia, los trabajadores que las atienden y los centros en los que son atendidas".

Según un comunicado leído en la concentración, la deuda de la Administración ha llevado a estas empresas "al borde de la quiebra" y han advertido de que esta situación supondrá la quiebra también del sistema de atención socio-sanitaria, del estado del bienestar y de la atención y rehabilitación a personas con trastornos mentales graves.

"La sociedad no es consciente de que la pérdida de plazas residenciales afecta no solo a sus usuarios, que se quedarían en la calle. Y todo por la despreocupación de la Administración. La situación desesperada del sector ha provocado ya el cierre de empresas —nueve hasta el momento en nuestra autonomía— y la pérdida de puestos de trabajo directos, alrededor de 400 el pasado año", según explican en el comunicado.

Cierre de empresas y despidos

Por ello, han advertido de que si las palabras "no se convierten en hechos, el sector socio-sanitario entrará en una situación crítica que provocaría el cierre de 200 empresas, así como la pérdida de 13.000 puestos de trabajo y, lo que es más grave, que cerca de 25.000 familias, con uno o varios dependientes atendidos en esta red, perderían su derecho legal a la atención por su dependencia".

Estos colectivos recalcan que no solo luchan y reivindican el pago de la deuda por sus familiares y amigos "sino también por aquellos que no tienen voz propia; las personas con enfermedad mental tuteladas por la propia Generalitat, ingresados en los centros de la red socio-sanitaria de la patronal autonómica de la dependencia, a los que no ha abonado nada este año y que cuentan con deuda de algunas partidas desde 2007". "Son cerca de 300 dependientes tutelados por la Administración que no tienen a nadie", han explicado y han lamentado la "desprotección" en la que se encuentran estas personas.

"Si esto continua, antes de Navidad puede que ellos, y también nuestros familiares, se encuentren en la calle, junto con cerca de un millar de personas con enfermedad mental, 500 trabajadores y una docena de empresas", han incidido.

En la Comunitat Valenciana existen 19 socio-sanitarios de atención a personas en situación de dependencia vinculados a Aerte con discapacitados y enfermos mentales, de los que 13 están afectados por la deuda del Consell, ocho de ellos en la provincia de Valencia (que representan el 42 por ciento del total en la autonomía), cuatro en Alicante y uno en Castellón.

En total, gestionan un millar de plazas, alrededor de 300 vinculadas a tutelados de la Generalitat valenciana. Los centros emplean directamente a cerca de 500 trabajadores profesionales, así como generan en torno a un 15 por ciento más de empleo indirecto.

Concretamente, los centros de la provincia de Valencia soportan una deuda de 8.710.000 euros, a la que hay que añadir los 4.290.000 que no se han abonado a los cuatro centros de la provincia de Alicante. Los datos globales del sector vinculado a la patronal en la Comunidad Valenciana (mayores, discapacitados o enfermos mentales) apuntan a que la deuda asciende a más de 75 millones de euros, afecta a 25.000 familias, 13.000 trabajadores profesionales directos y 188 empresas.

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