La Fiscalía Anticorrupción descarta por el momento imputar al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, a la espera de analizar toda la documentación incautada durante los últimos días en los registros llevados a cabo en Barcelona en sociedades vinculadas al Instituto Nóos, y la información solicitada a la Conselleria de Presidencia y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de la Comunidad Valenciana.

Así lo han informado fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, que han detallado que tras analizar toda esta documentación, se esperará al resultado de las declaraciones de los testigos que se llevarán a cabo durante los próximos días derivadas de toda la documentación incautada. Posteriormente, según han señalado, la Fiscalía analizará si finalmente se imputa o no al marido de la Infanta Cristina.

Concretamente, la Fiscalía Anticorrupción apunta a que tanto el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, como quien fuese su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, urdieron un entramado societario cuando ambos estaban al frente de esta entidad a fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía Nóos, para lo cual se fijaban precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".

Así consta en el auto, que dictó el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, para ordenar la entrada y registro de varias de las sociedades presuntamente involucradas en los hechos, tras varios meses de investigaciones en torno al supuesto desvío de 2,3 millones de euros que el Govern presidido por Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.

La operación puesta en marcha el pasado lunes en Barcelona por la Fiscalía Anticorrupción ya ha concluido, y ahora se estudiará toda la documentación incautada. Según han informado a Efe fuentes del caso, la operación se dio por cerrada anoche con el interrogatorio de varios implicados por parte del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, quien se desplazó desde Palma hasta la capital catalana con una comisión judicial autorizada por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro.