La lucha contra los ladrones reincidentes y los actos vandálicos en los transportes públicos toma una nueva dimensión. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) anunció este miércoles que "siempre que sea posible" tienen "la voluntad" de pedir órdenes de alejamiento de sus instalaciones de los ladrones reincidentes y de todo viajero con "un comportamiento antisocial", como la que acaba de solicitar para un ladrón arrestado a la estación de Les Planes.

FGC calificó de "poco habitual en el ámbito del transporte público" esta "actuación legal". Y, efectivamente, tanto Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), a quien ningún juez ha permitido todavía personarse como perjudicado, como Renfe y el TRAM no lo han solicitado aún, pero la mayoría encuentran la medida "interesante". De hecho, los Mossos ya la han destacado alguna vez, apuntan desde TMB. El caso es que FGC ya ha conseguido "sentencias favorables", una de las cuales estableció una orden de alejamiento por amenazas a unas empleadas.

Estas medidas "no se aplican en el caso de los menores" y son para los "casos más graves". En caso de incumplimiento supone "una infracción de desobediencia", según FGC, que obtuvo el aval de los juristas durante unas jornadas sobre incivismo donde el catedrático de Derecho Penal de la Universitat Pompeu Fabra, Jesús María Silva, remarcó que los operadores tienen derecho a no dejar entrar en las instalaciones a los autores de comportamientos antisociales para combatir la reincidencia.

Para el catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona, Joan Manuel Trayter, hace falta un nuevo procedimiento sancionador para el ámbito ferroviario, con el objetivo de agilizar trámites y fijar una multa inmediata. Propone que las sanciones no sean sólo económicas, sino educativas, como por ejemplo hacer tareas de limpieza.