La FABZ culpa al Gobierno de Aragón de que la tarjeta ciudadana no funcione en algunos buses rurales

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha señalado al Gobierno de Aragón como responsable de que la tarjeta ciudadana no funcione en algunos buses rurales, y exige que permita su puesta en marcha sin más dilación.
Tarjeta Ciudadana
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EUROPA PRESS
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La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha señalado al Gobierno de Aragón como responsable de que la tarjeta ciudadana no funcione en algunos buses rurales, y exige que permita su puesta en marcha sin más dilación.

El Ayuntamiento de Zaragoza "ha cumplido todos los trámites necesarios para ello, y el propio Consorcio de Transportes, del que forma parte la DGA, ya instaló en junio el software necesario para que las validadoras sean compatibles con la nueva tarjeta", que costó 100.000 euros, ha detallado la FABZ.

No obstante, han lamentado que los usuarios de las líneas rurales que no gestiona Tuzsa "siguen sin poder usar la tarjeta ciudadana en sus trayectos".

La FABZ ha alertado de esta situación en varias ocasiones, ante la protesta de los vecinos de barrios como Movera, han recordado en un comunicado.

El secretario de la Asociación de Vecinos de Movera-Dos Ríos, Emilio de Arriba, se "ha quejado de que solicitó la tarjeta el mismo día que se hizo su presentación pública, y que en el contrato que firmó ponía claramente que servía para los autobuses periféricos".

Desde la FABZ añaden en un comunicado que en la última reunión del Consorcio de Transportes se explicó que "era la DGA la que bloqueaba la puesta en marcha, pues quería cuantificar previamente el coste que le iba a suponer", ha indicado el presidente de la FABZ, Félix Moreno, quien asistió a dicha reunión.

La FABZ ha agregado que desde el Gobierno de Aragón "se ha asegurado que por su parte no existe ningún problema para su implantación", y ha reconocido que todavía no se han estudiado "sus repercusiones económicas y jurídicas".

Félix Moreno ha estimado que desde el 6 de abril de 2010, cuando se presentó públicamente la tarjeta, han tenido mucho tiempo para estudiar sus repercusiones", al tiempo que ha exigido al Gobierno de Aragón que desbloquee la situación.

A su parecer, "el problema es haber lanzado la tarjeta ciudadana sin tener a punto todos los servicios que se ofrecían. La información que se ha dado al ciudadano ha sido defectuosa" y ha recalcado que "no se puede publicitar un servicio hasta que no funciona".

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