La Federación de Personas Discapacitadas de Bizkaia, Fekoor, denunciará a la compañía de transporte público Bilbobus por "vulneración de los derechos humanos fundamentales" ante el Ayuntamiento de Bilbao, como consecuencia de "la discriminación y el mal trato" recibido por una afiliada, por parte de un conductor de la línea 77 de Bilbobus, que gestiona Veolia.

Según ha explicado Fekoor en un comunicado, el chófer "se negó a mover el vehículo para desplegar la rampa", obstaculizada por una papelera, y "tuvo que ser ayudada a subir por los viajeros", entre ellos un periodista testigo del atropello. "Por si fuera poco, al finalizar el trayecto no acercó el autobús a la acera, por lo que de nuevo tuvo que ser asistida para bajar", han añadido.

Asimismo, en el trayecto de vuelta, la afectada coincidió de nuevo con este chófer, que "le volvió a dejar en la carretera poniendo en riesgo su integridad física".

En opinión de Fekoor, la administración y las instituciones "tienen la obligación legal de poner en marcha los recursos y apoyos necesarios para poner fin a este déficit democrático que discrimina a las personas con discapacidad y les impide participar en la sociedad en igualdad de oportunidades, ni beneficiarse de los recursos comunitarios y del mismo nivel de bienestar social que ha alcanzado nuestra sociedad".

Por todo ello, Fekoor ha acusado al conductor de "falta de profesionalidad" y "mala fe", ya que la mujer pidió explicaciones "que no recibieron respuesta alguna. Esta persona se limitó a ignorarla como si fuera invisible y se negó a identificarse cuando una viajera le requirió sus datos para interponer una denuncia ante la compañía gestora del servicio municipal de transporte urbano".

El caso está en manos del servicio jurídico de Fekoor que interpondrá una denuncia ante el Ayuntamiento bilbaíno por la "vulneración" de la Ley Vasca de Accesibilidad y de las leyes que protegen a las personas con discapacidad contra la discriminación, como la convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2008.

"No es la primera vez que denunciamos que la falta de accesibilidad y los prejuicios sociales provocan que las personas con discapacidad pierdan sus derechos humanos fundamentales y no puedan vivir con la misma independencia y autonomía que el resto de la ciudadanía", han lamentado.