El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha dado luz verde este miércoles al acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual para hacer frente a la revisión de precios de los contratos para la gestión de 78 plazas residenciales para personas mayores.

Por el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) se adjudicaron contratos para la gestión de plazas residenciales para ancianos en el año 2008; en el año 2010 se acordó su prórroga hasta el 30 de abril de 2012. Entonces fue preciso autorizar un gasto por importe total de 28.705,80 euros para hacer frente a la revisión de precios de los contratos de acuerdo con la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumo.

Por otro lado, según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, el Ejecutivo ha aprobado la firma de una adenda al convenio de colaboración específico mediante el cual se ejecuta el proyecto de Complejo residencial de Mayores de la Minería en Felechosa. Se trata de un convenio rubricado entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, la Consejería de Bienestar Social e Igualdad y el Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana-Mutualidad de Previsión Social.

El Consejo de Gobierno, también a propuesta de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad, ha dado luz verde a la suscripción de un Protocolo de formalización de la acción del Convenio de colaboración suscrito entre el Principado y la Universidad de Oviedo relativa a la realización de prácticas por parte de alumnos de la Facultad de Psicología en Centros adscritos a la Consejería de Bienestar Social e Igualdad (Convenio de Cooperación Educativa).

La duración concreta de las prácticas, así como el número de alumnos que habrán de realizarlas, será fijado en el Decanato de la Facultad de Psicología y un representante de la Administración del Principado de Asturias designado por la Consejería de Bienestar e igualdad, sin superar el máximo legal permitido.

Para el seguimiento de las prácticas, la Administración del Principado de Asturias y la Facultad de Derecho designarán a los tutores responsables por cada una de las partes. El tutor designado por la Administración, al término del periodo de prácticas, deberá emitir un certificado por el que se reconozca a los alumnos el tiempo de realización de las mismas.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado otro acuerdo el que autoriza la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Instituto de Formación y Estudios Sociales. Se ha solicitado a la Consejería que en los centros adscritos se realicen acciones formativas dentro del marco de la formación profesional para el empleo, dirigidas preferentemente a trabajadores desempleados. Los alumnos no percibirán retribución alguna ni tendrán relación con la Consejería de Bienestar Social e Igualdad.

En la reunión se ha autorizado además la suscripción de un Convenio de cooperación educativa entre el Principado de Asturias y la Escuela Universitaria Padre Enrique de Ossó. Ha sido la Escuela, de titularidad privada, aunque adscrita a la Universidad de Oviedo desde 1978, quien ha solicitado a la Consejería que alumnos de tercer curso puedan realizar prácticas de Terapia Ocupacional en Centros adscritos a la Dirección General de Políticas Sociales. GOZÓN

También a propuesta de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad, el Consejo de Gobierno ha aprobado los porcentajes de tramos de ingresos por los que se adjudicarán las 24 viviendas protegidas del grupo promovido por el Principado de Asturias en Altamira Residencial, en Luanco.

El Ayuntamiento de Gozón solicitó la constitución de grupos de reserva para la adjudicación de las viviendas, distribuyendo las mismas por tramos de ingresos. Así, un 25% se destinará a los solicitantes con ingresos de hasta el 0,8 veces el salario mínimo interprofesional; un 25% a los solicitantes con ingresos comprendidos entre el 0,8 y el 1,5 veces el salario mínimo interprofesional; un 40% a los solicitantes con ingresos comprendidos entre el 1,5 a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. El 10% final está reservado para los solicitantes con ingresos comprendidos entre el 2,5 a 3 veces el salario mínimo interprofesional