La Consellería de Sanidade ha asegurado este miércoles que "cumple la directiva de la Unión Europea trasladada por el Ministerio de Sanidad" el pasado mes de julio para "luchar contra el fraude" por el que ciudadanos extranjeros con recursos económicos en su país "puedan acceder al sistema sanitario de modo irregular".

Al respecto, la Consellería recuerda, en un comunicado, que para ellos "existen otras vías de asistencia estipuladas en convenios internacionales y que permite que España recupere el coste de esta asistencia".

Es en ese marco en el que el Ejecutivo autonómico "aprobó una orden", al igual que lo hicieron otras comunidades, según matiza Sanidade, con el "objetivo de dar respuesta a la problemática derivada del uso fraudulento del sistema sanitario". De hecho, la Xunta explica que utiliza en esta regulación "la definición residencia habitual" instaurada por el Gobierno de España a través de la web del Ministerio de Economía y Hacienda en la que se recoge "que pare ella es necesario residir 183 días en territorio del Estado".

En todo caso, la Consellería de Sanidade puntualiza que "es la Seguridad Social el organismo que reconoce el derecho a la asistencia sanitaria", mientras que las comunidades autónomas "son las que acreditan el derecho mediante las tarjetas sanitarias". RIGOR

En este sentido, Sanidade insiste en que, como en la tramitación y defensa de la ley de racionalización del gasto en la prestación farmacéutica de Galicia que aprobó el catálogo de medicamentos, los servicios jurídicos de la Xunta "demuestran su rigor y su conocimiento en la asesoría legal que permita a la Administración promover la toma de decisiones que redunden en la protección de la sanidad pública, universal y gratuita".

Esta medida legislativa, según expone la Xunta, "está también dirigida a proteger a los trabajadores en desempleo, a los que con la orden de la Consellería de Sanidade se les facilita y garantiza que tengan derecho de forma continuada a la asistencia sanitaria pública sin tener que estar tramitando el reconocimiento cada vez que vuelvan a trabajar".

Asimismo, incide el Gobierno gallego que la normativa gallega "es garantista para los ciudadanos que vivan en Galicia, de modo que las personas sin recursos económicos suficientes tienen aseguradas en todo momento las prestaciones sanitarias en esta comunidad".

Uso responsable

En concreto, sobre el decreto por el que se establecen las tarifas a terceros obligados al pago de los servicios sanitarios prestados en los centros dependientes del Sergas, Sanidade insiste en que "se publica todos los años" y, por recomendación de la Asesoría Jurídica, "recoge una disposición" que establece que "se podrá establecer un procedimiento para repercutir en los usuarios los gastos ocasionados como consecuencia del uso irresponsable de las prestaciones asistenciales del sistema público de salud de Galicia".

Por tanto, reitera la Xunta que este asunto "está recogido en la ley aprobada en 2008" por el gobierno bipartito y "no supone ninguna novedad legislativa", apostilla.

Al respecto, aclara que sería de aplicación a alguien que acudiera a un centro de salud y dañase su mobiliario, ocasionándose lesiones que serían tratadas en el sistema sanitario público; en los casos de fraude cuando un trabajador activo utiliza la receta farmacéutica usando la tarjeta sanitaria de una persona jubilada; "o cuando un asegurado de una mutua con derecho a elegir entre aseguradora privada o sanidad pública opta por la privada y usa irregularmente los servicios públicos".

En este sentido, la Consellería de Sanidade considera "sorprendente" que los partidos de la oposición "manifiesten su apoyo al uso irregular de la sanidad pública". Por ello, subraya que la sanidad pública "es una responsabilidad de todos" y afirma que la Xunta "seguirá tomando las medidas necesarias para proteger de la crisis al sistema público haciendo un uso responsable de él".