La Confederació General del Treball (CGT) ha interpuesto un recurso judicial contra el nombramiento realizado por las Corts Valencianas de Joan Ignasi Plá, del PSPV-PSOE, José Díez Cuquerella y Enrique Francisco Fliquete Lliso, ambos del PP, como miembros del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana.

El sindicato solicita la nulidad de los mismos por "no cumplir los requisitos establecidos en la ley". El acuerdo de la Presidencia de Les Corts sobre la designación se publicó el 1 de agosto en el Boletín Oficial de las Cortes, según ha recordado el sindicato en un comunicado.

CGT basa su recurso en el incumplimiento de la ley que regula el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, al establecer que el nombramiento se realizará entre profesionales y científicos que se hayan distinguido en el campo del Derecho con más de diez años de ejercicio profesional, o sean juristas de reconocido prestigio y con experiencia en asuntos de Estado o autonómicos, "condiciones que no cumple ninguna de las tres personas elegidas", ha asegurado.

Para CGT, PP y PSOE "designan a políticos o a personas vinculadas al partido para asumir una función técnica en un órgano de naturaleza consultiva o asesora de carácter jurídico, como es la de informar proyectos legislativos y reglamentarios que van a ser propuestos por sus propios partidos", por ello el sindicato entiende que esta vinculación política "compromete la imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la función consultiva del máximo órgano consultivo jurídico de la Comunitat Valenciana".

Asimismo, ha asegurado que un supuesto similar fue el nombramiento del diputado del PP José Mari Olano como abogado general de la Generalitat, que fue anulado mediante una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano, confirmada por el Tribunal Supremo "basándose en los mismos argumentos utilizados ahora para fundamentar el recurso contra el nombramiento efectuado a propuesta del PP y del PSOE". Este recurso fue interpuesto en su día por el sindicato UGT.

CGT ha alertado sobre la utilización de las instituciones públicas "como refugio de políticos que se resisten a abandonar los cargos públicos y son recolocados en puestos privilegiados, atreviéndose incluso incumpliendo flagrantemente la legalidad, mientras imponen a los trabajadores recortes en sus salarios, y degradan los servicios públicos justificándose en una crisis provocada por su propia pasividad".

Asimismo, ha lamentado que ningún partido político con representación parlamentaria, "conocedores de primera mano de los nombramientos", haya manifestado "la más mínima crítica ni, por supuesto, lo haya denunciado ante los Tribunales de Justicia".