La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos mediante una fórmula también cuestionada, ha convocado el próximo día 17 de noviembre a todas las partes personadas al objeto de que se pronuncien sobre la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para que se imponga una fianza a todas las personas imputadas en este procedimiento, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Y es que la Fiscalía solicitó el pasado mes de octubre a la juez Alaya que imponga una fianza, y de forma subsidiaria acuerde los embargos oportunos, a todas las personas imputadas en el caso, ya que han obtenido "un beneficio indebido y delictivo del que, de ser penalmente condenados, deberán responder reparando el daño causado a los fondos públicos, devolviendo las cantidades ilícitamente recibidas".

En esta causa, permanecen imputadas una treintena de personas, entre ellas el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández; el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas; el exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y el sindicalista Juan Lanzas, así como el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, o su antiguo director adjunto Daniel Ponce, ninguno de los cuales, hasta el momento, ha prestado declaración ante la juez instructora.