Un total de diez Defensores del Pueblo autonómicos —todos los existentes salvo los de Castilla La Mancha y Canarias— se han reunido este martes en el Parlamento de Andalucía en una de las habituales jornadas de trabajo que celebran a lo largo del año. Esta vez, para analizar las 'Respuestas de las Defensorías del Pueblo ante la crisis económica'.

Según ha expuesto a los medios de comunicación el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, en esta sesión —prevista en para el pasado 24 de octubre (fuera de la campaña electoral) pero aplazada a este martes por "cuestiones de agenda" de los distintos defensores— se está debatiendo sobre "cómo la crisis está haciendo que nuestras instituciones cambien los procedimientos" y sobre la necesidad de "agilizar" al máximo las ayudas a los colectivos más desfavorecidos.

"Ahora tenemos procedimientos muy burocráticos como la carta a la Administración y hay situaciones que no resisten tanto procedimiento jurídico; entonces hay que agilizar todo, desde (los procedimientos) para las personas que no tienen para comer hasta a la gente a la que van a desahuciar", explica el defensor andaluz tras recalcar que, hoy día, se dan "miles de situaciones que no entran de lleno en lo que sería la supervisión de la Administración, que es lo que nos encomienda la Ley".

Ante ello, los defensores autonómicos apuestan por "abrir el espectro, trabajar más en las mediaciones y ser más ágiles para dar una respuesta más adecuada a quienes lo necesitan". De este modo, apunta Chamizo, la ciudadanía también puede entender "que servimos para mucho más que mandar cartas".

Como ejemplo, ha citado los desahucios. Según ha explicado, en estos casos cada vez más habituales con la crisis, la Defensoría suelen actuar "más en lo previo, en negociar con los bancos por si hay alguna posibilidad económica o para cambiar el régimen de hipoteca a uno de alquiler". Ante todo, porque cuando ya existe una orden judicial de desahucio, es más difícil. "Entonces lo que hacemos es buscar, vía Ayuntamiento —que no siempre dan respuesta—, una opción para que la familia no se quede en la calle y tenga una vivienda de segunda ocupación".

Necesidad de las defensorías

En otro orden de cosas y preguntado por el debate sobre la necesidad de instituciones como las que representa existiendo ya la figura del Defensor del Pueblo Nacional, Chamizo ha asegurado que tanto él como sus colegas creen que "son instituciones claves en defensa de la ciudadanía y como supervisión de las administraciones" y que no lo dicen por "mantener un cargo".

"¿Por qué no se plantean los parlamentos autonómicos, o las propias autonomías?. Si empezamos así es que no sabemos adónde vamos", ha señalado Chamizo tras pedir a los políticos "mucha calma para ver dónde hay que hacer recortes" porque éstos, a su juicio, "nunca deben estar en derechos sociales ni en instituciones que defiendan a los colectivos más vulnerables, que hoy vulnerables somos todos".

En esta misma línea, su colega catalán, Rafael Ribó, ha indicado que tanto Naciones Unidas, como la Unión Europea y el Consejo de Europa "están recomendando por unanimidad que se refuercen los defensores generales y locales" y que, por lo tanto, "hay algo muy claro y es que, en las democracias maduras, se ve como un instrumento necesario profundizar en las Defensorías a los diversos niveles donde hay administraciones".

Además, Ribó ha insistido en que la crisis está siendo "un estímulo para ser mucho más ágiles y para tener mucha más capacidad de defender todos los derechos pero, especialmente, los de los más excluidos". También la Defensora del Pueblo de Asturias, María Antonia Fernández, ha puesto de manifiesto el "aumento" de las quejas y consultas llegadas a las distintas Defensorías autonómicas en los últimos años con motivo de la crisis y ha insistido en la necesidad de conservar estas instituciones para "ayudar" a los colectivos más desfavorecidos.