El PSM-IniciativaVerds-Entesa y Més per Menorca ha criticado este lunes que el Govern no haya alcanzado el máximo de endeudamiento permitido por el Estado y la UE para pagar a los proveedores y que sólo se vaya a endeudar 209 de los 354 millones de euros posibles.

El grupo parlamentario ha considerado "contradictorio" este hecho puesto que prevé que los presupuestos para el 2012 sí lleguen al tope máximo. "Parece como si el PP quisiera deliberadamente intensificar la situación penosa de los proveedores el 2011 para culpar al anterior Govern y que la solución llegue con los Presupuestos para el 2012", ha afirmado el diputado Antoni Alorda en una nota de prensa.

Precisamente, la coalición debatirá este martes en el pleno del Parlament el proyecto de ley de autorizaciones financieras durante el periodo de prórroga presupuestaria para poner de manifiesto la necesidad actual para que el Govern llegue este año al límite máximo de endeudamiento autorizado, un límite que, dicen, es suficiente prudente y ha pasado todos los filtros de control.

En este sentido, el grupo parlamentario ha considerado que es una irresponsabilidad por parte del Ejecutivo autonómico asumir una deuda de 209 millones sin explicar los motivos por los cuales lo hace, mientras "deja a muchas personas y empresas que esperan recibir el dinero que la administración les debe".

Por otro lado, ha apuntado que los Presupuestos del 2012 suponen el "primer paso para desmantelar la red civil de Baleares". Según han señalado, el recorte de las subvenciones para las entidades civiles de las islas supondrá la destrucción de un servicio "complementario y necesario", al de la función de la administración. "Un deterioro en servicios que cohesionan la sociedad y expresan la voluntad social sobre cuestiones clave como la inmigración, la cooperación, juventud o cultura, entre otras".

Declaración pública del patrimonio de los diputados

En la sesión ordinaria de este martes, el grupo también defenderá una modificación del reglamento del Parlament para obligar a los diputados a hacer públicas sus declaraciones de bienes patrimoniales y las declaraciones de la renta.

Esta iniciativa que, según han recordado, fue "vetada" por el PP durante la anterior legislatura, confían en que salga adelante tras varias declaraciones favorables a ésta por parte del presidente del Parlament, Pere Rotger.

Se trata de una medida de transparencia y credibilidad que los miembros de la coalición ya han demostrado en otras ocasiones, la última de ellas, poco antes de las elecciones cuando hicieron público su patrimonio. "Ante la actual crisis de valores y confianza en la clase política, es necesaria esta modificación para restaurar la credibilidad y evitar los abusos de algunos que utilizan la política en beneficio propio", concluye la nota.