El Gobierno regional ha incluido en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como ley de acompañamiento, la supresión de la Agencia Cántabra de Consumo.

La Agencia Cántabra de Consumo era un organismo creado por el anterior Gobierno con competencias en materia de derechos de los consumidores, sanción y educación, y cuya creación fue criticada por el PP la pasada legislatura.

Ahora, en concreto, el texto de la Ley de Medidas Fiscales, al que ha tenido acceso Europa Press, deroga expresamente la Ley de Creación de la Agencia Cántabra de Consumo (del año 2008) y el decreto que aprobó su Reglamento de Organización.

Además, se modifica la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios para dar soporte a los cambios incluidos.

Estos pasan por que las competencias en materia de defensa de los consumidores y usuarios, incluidas las sanciones, serán asumidas por la Dirección General de Comercio y Consumo, que se encuentra dentro de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio —antes lo estaba en la de Economía—.

Será este organismo el que, en consecuencia, asuma los procedimientos que estuvieran ya tramitándose en la Agencia Cántabra de Consumo, así como del que dependa el personal con que contaba este ente.

Agencia cántabra de consumo

La Agencia Cántabra de Consumo nació con el objetivo de ser un instrumento para la defensa de los derechos de los consumidores, y para conseguir una mayor especialización en la materia y más visibilidad de estas políticas, según afirmó el anterior consejero de Economía, el socialista Ángel Agudo, cuando la presentó en septiembre de 2008.

Este organismo se constituyó como un ente autónomo de derecho público que promovería políticas de colaboración y acuerdos de carácter estratégico con otros organismos públicos y privados, el sector empresarial, asociaciones de consumidores, los ayuntamientos, la Federación de Municipios y las administraciones públicas.

La intención era que integrara además el futuro Observatorio de Consumo de Cantabria, la Cátedra Euroamericana de Consumo, la Escuela Europea de Consumidores y el Sistema Arbitral de Consumo-

Agudo destacó entonces que la Agencia nacía "con vocación de austeridad", con un presupuesto similar al servicio de consumo, y el mismo personal y dependencias, aunque se contemplaba la posibilidad de que el desarrollo futuro de sus actividades determinara si más adelante se ampliaban esos costes.

Pero el proyecto contó con la oposición del PP, que durante su tramitación parlamentaria presentó una enmienda a la totalidad, precisamente justificada en la necesidad de austeridad ante la situación económica, y que enmarcó además en la "proliferación" de entes en la administración autonómica.

El PP argumentaba que esas competencias ya se encuadraban en la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno regional, pero finalmente el texto fue aprobado en diciembre de 2008 con los votos de socialistas y regionalistas en el Parlamento autonómico.

La agencia fue dirigida por Vicente Gozalo, cuyo cargo, de hecho, fue suprimido por el Gobierno el pasado mes de octubre, en una medida con la que el Gobierno destacó que se ahorrarían 60.500 euros anuales.