El juzgado de Instrucción número 4 de Melilla ha aumentado en cuatro los presuntos delitos cometidos en el caso del voto por correo en las elecciones generales de 2008 en el que están imputados 28 miembros de la entonces coalición electoral PSOE-Coalición por Melilla por la presunta compra de votos.

En la investigación realizada por la Guardia Civil se recoge una declaración en que el imputado que destapó la presunta trama dice que el actual ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, le habría ofrecido a través de un tercero un trabajo en la administración pública a cambio de retirar su denuncia, la cual finalmente no ha retirado.

Así, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press de fecha de 11 de octubre, el Juzgado número 4 de Melilla recoge que, mediante oficio de fecha 29 de septiembre, el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de Málaga solicitó la ampliación del "ámbito delictual" a los títulos X, XIX, XX y XXI del Código Penal. En este caso están imputadas 28 personas, entre ellos varios responsables del PSOE local, como su secretario general, Dionisio Muñoz.

El documento judicial contiene que el Grupo ECO de la Guardia Civil pone de manifiesto que, en relación a la "supuesta trama de compra de votos por correo", se han obtenido "indicios" al comprobar que "muchos de los ciudadanos que realizaron la solicitud de su voto por correo no recibieron la documentación electoral certificada que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debió remitir a su nombre".

Sin embargo, el Instituto Armado detecta que dicho voto "sí fue emitido", por lo que "alguna persona que no era destinataria de los sobres, los abrió para posteriormente emitirlos". Estos hechos corresponden al título X del Código Penal, que hace referencia a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.

Además, indica que esta documentación "debía estar custodiada por miembros de Correos que, al participar del proceso electoral, tenían la consideración de funcionarios públicos", algo que el auto encuadra bajo el título XIX del Código Penal, esto es, el de delitos contra la Administración Pública.

IMBRODA

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda (PP), ha señalado que "no quiere hacer sangre" con la presunta compra de votos socialistas en las generales de 2008 aunque ha destacado que espera que ello "no vuelva a suceder nunca más".

A pregunta de los periodistas, ha comentado que prefieren "no cebarse con este asunto" tras conocer el contenido del auto judicial porque "entendemos que la campaña se tiene que basar en la ruina del país a la que nos ha llevado Zapatero y Rubalcaba".

Por último el también candidato al Senado por el PP ha subrayado que su formación "respeta todos los autos de la Justicia" si bien ha recalcado que "esto no debe pasar aquí ni ninguna otra democracia" sobre una presunta compra de votos.