No IVA, pero sí IBI

El Gobierno ya anunció que dejará de aplicarle la exención del IVA. Sin embargo, gracias a la firma del Concordato del 1979 entre España y el Vaticano, la comunidad católica se beneficia de otras ventajas como evitar el pago del IBI. Además, el Estado le otorga una sobrefinanciación de hasta 30 millones, muy superior a la que consigue recaudar y cuya deuda siempre ha sido condonada.

Posiciones enfrentadas

Juan Francisco González.  Presidente de la Asociación Europa Laica

«Debe autorregularse como cualquier otra organización»

Si el Estado financia la Iglesia católica, también debería hacer lo mismo con el resto de confesiones o, en su defecto, no subvencionar ninguna. Lo que reclaman es un privilegio, no un derecho, y lo que consigue es discriminar al resto. La Iglesia debe autorregularse como cualquier otra organización que agrupa a personas con unas mismas convicciones. Que pidan un 0,5% o el 0,8% en la declaración de la renta es igual, porque la acción es la misma, pero si lo continúan permitiendo, deberían incluir otra casilla en blanco para poner el nombre de la organización a la que tú quieres destinar tu dinero, porque a la Iglesia ahora la pagamos todos. Yo también quiero exenciones, yo también considero mis creencias sagradísimas.

Antonio Soto. Manos Unidas Madrid

«La labor social de la Iglesia requiere esta ayuda»

La Iglesia católica realiza una labor social muy importante, sobre todo con la actividad asistencial básica que desarrolla con los más desfavorecidos. Cubre áreas que necesitan un gran soporte económico, por lo que ayudas como el 0,5% –sin entrar en el debate de si es suficiente o no esta cantidad– son completamente necesarias y no se deben suprimir. Las consecuencias serían negativas. Independientemente de estar en un Estado laico o aconfesional, su labor social es lo que importa, y es una ayuda que necesitamos todos. No obstante, también sería justo incorporar estas opciones a la hora de declarar a favor de cualquier otra organización o confesión religiosa siempre que sus actividades tengan como fin una función social.

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