Las Cortes de Castilla-La Mancha, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, han aprobado la Ley de Supresión del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, cumpliendo así una de las promesas electorales de la presidenta regional y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Con esta ley quedan suprimidos los puestos de trabajo adscritos a la Oficina del Defensor del Pueblo y sus bienes se mantendrán adscritos a las Cortes regionales en tanto se determina la afectación y adscripción definitiva de los mismos conforme a la normativa aplicable en materia de patrimonio.

Asimismo la ley establece que con el objeto de garantizar los derechos de los ciudadanos y previa conformidad de los mismos, se remitirán al Defensor del Pueblo estatal las quejas que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la presente ley.

A tal fin, la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha se hará cargo de los asuntos en trámite adoptando las decisiones que convengan.

La presente ley entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y con ella queda derogada la Ley 16/2001 de 20 de diciembre del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley. DEBATE

En su turno de intervención, el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Jesús Labrador, ha señalado que el Defensor del Pueblo no es una institución necesaria y no está recogida en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

A cada ciudadano el Defensor del Pueblo Estatal le cuesta 32 céntimos, mientras que a los castellano-manchegos su Defensor del Pueblo le cuesta 1,43 céntimos, "cinco veces más", ha sentenciado Labrador, que ha negado que el Gobierno de Cospedal suprima la institución porque sea un órgano de control al Gobierno, tal y como ha le acusan los socialistas.

Así, el portavoz socialista, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que con la supresión del Defensor del Pueblo se demuestra que los 'populares' no quieren instrumentos de control al Gobierno, ha criticado que este proyecto de ley haya tenido una tramitación "bastante irregular" y ha pedido Cospedal que no suprima una institución con la que 20 personas perderán su puesto de trabajo.

Por su parte, la diputada Inmaculada López (PP) ha dicho que con la supresión del Defensor del Pueblo se ahorrarán 3 millones de euros al año y ha recordado que en 2010 el expresidente regional José María Barreda suprimió la Agencia de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha, cuya desaparición suponía un ahorro del 0,01 por ciento al presupuesto regional.

La parlamentaria 'popular' ha lamentado que los socialistas sigan instalados en "el ruido, en el espectáculo mediático, y en la dejación de funciones" y ha acusado al PSOE de querer "dilatar" un año más la estructura de la institución con sus enmiendas.

María José Agudo, diputada del PP encargada defender en el pleno el dictamen emitido, ha explicado que las enmiendas socialistas se rechazaron en la Comisión de Asuntos Generales porque pretendían "dilatar" la existencia de esta institución.

El PP ha rechazado en el Pleno las enmiendas 'vivas' de los socialistas que pedían que la supresión entrara en vigor el 1 de enero de 2012 y que el personal que presta servicios en el Defensor del Pueblo a la fecha de entrada de la presente ley siguiera "en sus puestos hasta la resolución de las quejas que se encuentren en tramitación", situación que no podría extenderse "más allá del 21 de diciembre de 2012".