La Junta General del Consorcio de Medio Ambiente (Consorma) ha aprobado por unanimidad el inicio de los trámites para el cobro de la deuda que mantienen los ayuntamientos y mancomunidades entre 2006 y 2010, bien a través del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación o bien de la Junta de Comunidades, según recogen los estatutos del propio Consorcio en su artículo 30.

El consorcio atraviesa una difícil situación económica y los ayuntamientos y mancomunidades le deben un total de tres millones de euros, informa la Diputación en nota de prensa.

La Junta General también ha aprobado por unanimidad fijar un plazo máximo de dos meses para el pago voluntario de las cuotas a partir del su notificación, aunque con un plazo de quince días para que los ayuntamientos puedan presentar alegaciones al requerimiento. Una medida pensada para dar mayor liquidez al Consorcio y poner fin a la situación actual.

Sin inventario de bienes

El vicepresidente del Consorm, Ángel Mariscal, ha informado además de que el interventor ha presentado reparos a la Cuenta General del ejercicio 2010 porque "no se ha realizado el inventario de los bienes y derechos del Consorcio".

Mariscal ha recordado que el 25 de enero 2009, el entonces vicepresidente del Consorma, el socialista Alfonso Plaza, adjudicó a una empresa por 17.800 euros más 2.848 de IVA, la realización de este inventario que debería reflejar las instalaciones, maquinaria, contenedores, inmuebles y demás bienes del Consorma.

Sin embargo, añade, la empresa facturó sólo por el inventario de los contenedores de papel/cartón y envases ligeros y, "al parecer, cobró la totalidad del presupuesto cuando el inventario de los contenedores lo tenía que hacer obligatoriamente la empresa concesionaria de la recogida selectiva y a coste cero".

Ante esta situación, Mariscal ha anunciando que iniciará los trámites necesarios para exigir a la empresa el trabajo cobrado o la devolución de lo cobrado, aparentemente al menos, de manera indebida. Por último, la Junta General ha aceptado por primera vez las encomiendas de gestión de los puntos limpios de 46 ayuntamientos.