Las Cortes defienden el carácter de servicio público de la educación y el papel de la pública en el medio rural

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado una proposición no de ley que pide al Gobierno aragonés que defienda el carácter de servicio público de la educación, "considerándola esencial para promover el acceso de la ciudadanía a la igualdad de oportunidades en su desarrollo integral personal y profesional" y teniendo en cuenta, en todo caso, el artículo 27 de la Constitución española y el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Hemiciclo de las Cortes
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EUROPA PRESS
Hemiciclo de las Cortes

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado una proposición no de ley que pide al Gobierno aragonés que defienda el carácter de servicio público de la educación, "considerándola esencial para promover el acceso de la ciudadanía a la igualdad de oportunidades en su desarrollo integral personal y profesional" y teniendo en cuenta, en todo caso, el artículo 27 de la Constitución española y el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Asimismo, la iniciativa pide al Ejecutivo que reconozca y defienda el papel que la enseñanza pública desempeña en el medio rural y la apoye con los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios "para garantizar una calidad del servicio prestado por la misma, similar al medio urbano".

La primera petición ha sido apoyada por los votos de Partido Socialista (PSOE), que ha presentado la proposición no de ley, del Partido Popular (PP) y del Partido Aragonés (PAR), que la han enmendado, mientras que Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU) se han abstenido; la segunda solicitud ha sido aprobada por unanimidad.

La proposición no de ley contaba con un tercer punto, rechazado con los 35 votos en contra de PP y PAR y los 29 a favor de PSOE, CHA e IU. En ella, se reclamaba al Ejecutivo que garantizara que las nuevas ofertas educativas no supusieran recortes ni ajustes en el servicio público, "es decir, que se hagan en función de las necesidades reales, y no se detraigan recursos económicos de los ya comprometidos para poder asumirlas".

La diputada del PSOE, Maite Pérez, ha explicado que los dos objetivos de la iniciativa eran la defensa de la escuela pública y "decir a este Gobierno que no recorte en educación" y defienda "la inversión que se está haciendo" porque "van dando avisos de recorte" y "se abre la posibilidad de nuevos conciertos en Bachillerato, que no son necesarios".

La parlamentaria ha defendido la "equidad y calidad" en la educación y ha subrayado que la escuela pública "es la única que garantiza el acceso a la educación de calidad en igualdad de condiciones" en el medio rural, para remarcar el valor de "progreso individual y colectivo" que posee la educación, "indispensable para un crecimiento económico sostenible".

No habrá recortes

El diputado del PP, Ramón Celma, ha recalcado, por una parte, que "no va a haber recortes" en educación, si bien "solo se puede continuar con los programas y actividades oportunas y provechosas" para la calidad de la educación.

Por otra, ha asegurado que el Gobierno "se va a empeñar" para que la educación sea un "servicios público constatable y exista igualdad de oportunidades", así como en "reforzar su papel en todo el territorio" y por eso será "imprescindible revisar el plan de infraestructuras para actuar".

La diputada del PAR, María Herrero, ha señalado que había que estar "del lado de lo público, pero reconocer que los centros concertados juegan un papel importante", mientras que ha opinado que el PSOE en su iniciativa no decía con claridad "lo que quieren" en el tercer punto de la proposición no de ley, para recordar que "ya hay concertación de Bachilleratos" y remarcar que la educación "es un servicio público, da igual quien lo preste".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha defendió la igualdad de oportunidades y ha expuesto que la educación debe "dar formación e información" para que los alumnos "puedan ser mejores y más libres, y competitivos". Asimismo, ha pedido que en el medio rural "se primen y mimen las infraestructuras y el profesorado" y el Ejecutivo "no recorten más de lo que recortaron los anteriores gobiernos".

El diputado de IU, Luis Ángel Romero, ha valorado positivamente el texto de la iniciativa inicial y ha apostado por "la defensa a ultranza del servicio público de la educación", texto que ha completado con una enmienda, que no ha sido aceptada, que pedía que no se hicieran nuevos conciertos educativos y no se autorizaran nuevas titulaciones en la universidad privada San Jorge que ya estén impartiéndose en la universidad pública en Aragón.

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