El Consejo de Administración de la empresa VFM Investments Group for Europe, promotora del proyecto de la Ciudad del Cine, ha afirmado este jueves que el presidente regional, Ignacio Diego, y la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, no sólo "han faltado a la verdad", sino que sostienen "deliberadamente" un discurso "malintencionado" contra la firma.

Además, denuncian que el Gobierno "no se ha dignado" a recibirles y ha "incumplido la ley" al "negarles" información sobre el estado de tramitación del PSIR. Pese a todo ello, el Consejo de Administración "aún" confía en que la "incómoda situación" en la que se han visto envueltos a raíz de las "falsas imputaciones" esgrimidas por el Gobierno en su contra "sin ninguna prueba documental que se sostenga", "podrá ser reconducida por el Ejecutivo cántabro", al que ha "tendido la mano para que se sienten, pregunten y exijan todo aquello que consideren".

Los representantes de la firma, encabezados por Máximo Alvarez, que ha ejercido como portavoz, han mostrado su disposición al "diálogo" y han anunciado en rueda de prensa que "en breve" solicitarán una reunión conjunta en la que se han ofrecido a presentar a sus socios inversores "físicamente" al Gobierno para aclarar sus dudas al respecto. Asimismo, se han comprometido públicamente a demostrar de forma "fehaciente" las "bondades" del proyecto de la Ciudad del Cine y "sus fuentes efectivas de financiación".

Aunque acusó abiertamente al Gobierno de "mentir", el Consejo de Administración de VFM "está seguro de que, una vez aclarados sus errores, a los que les ha movido presumiblemente el celo y la seguridad de los ciudadanos, la Presidencia del Gobierno de Cantabria impulsará, dentro del cauce legal, y con la mayor prontitud posible, la tramitación final" de un proyecto por el que "llevamos seis años peleando", que cuenta con 1.300 millones de euros de inversión privada y que generará el 5% del PIB regional y entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo, aseguró Alvarez.

Pruebas documentales

El portavoz del Consejo de Administración de VFM subrayó que poseen "sobradas pruebas" documentales que "desmienten categóricamente" las "falsas e interesadas acusaciones" del Gobierno. Pruebas que harán públicas "ante los órganos judicialmente competentes", si el Gobierno de Cantabria "persiste en calumniar públicamente" a VFM con "falaces aseveraciones".

Visiblemente dolido e indignado por el trato recibido del Gobierno, Alvarez afirmó que los miembros del Consejo de Administración no alcanzan a entender "a qué obedece la virulencia de las expresiones" de la consejera y el presidente, y ha subrayado que el Gobierno tendrá que demostrar públicamente que cada uno de los pasos del proyecto "no está dentro del más escrupuloso cumplimiento de la legalidad".

Por el contrario, denunció que el Gobierno no sólo "no se ha dignado a atendernos", sino que el presidente ha "incumplido la ley" al "impedir" que la Dirección General de Ordenación del Territorio "diera curso legal" al informe solicitado por VFM sobre el estado de tramitación actual del proyecto singular de interés regional (PSIR) de la Ciudad del Cine, y lamentó que el "Paraíso para la inversión privada" que Ignacio Diego prometió en su discurso de investidura, "no parece estar en Cantabria".

Buena parte de la rueda de prensa de VFM se centró en lo ocurrido a raíz de la solicitud del citado informe. Según explicó Alvarez, cuando representantes de la firma se dirigieron a la Dirección General de Ordenación del Territorio a recoger el documento solicitado, fueron informados de que su solicitud había sido trasladada a la Presidencia del Gobierno, de la que recibieron como respuesta oficial "una serie de vaguedades, dilaciones injustificadas y excusas inaceptables".

Reunión con el director de gabinete

Añadió que el 20 de octubre, los representantes de VFM fueron recibidos por el director de gabinete de Presidencia, quien les "comunicó verbalmente una parte del contenido de la rueda de prensa que la consejera de Presidencia estaba ofreciendo "casi simultáneamente", y les notificó que el documento solicitado "no iba a ser entregado", dando por "finalizada cualquier clase de relación con nuestra firma sin exponer causa alguna".

Alvarez concluyó su intervención agradeciendo las "innumerables muestras de adhesión y apoyo recibidas por un elevado número de ciudadanos interesados en el progreso cultural y económico de nuestra sociedad".

Por su parte, Mercedes Aleixandre Márquez, directora de Recursos Humanos de VFM, añadió que no están acostumbrados "a este tipo de dinámicas", en alusión a la rueda de prensa, y de hecho, dijo, "no estaríamos aquí si no fuera porque es la forma de comunicación que ha querido utilizar el Gobierno". Añadió que, como empresa privada, prefieren la comunicación directa y la interacción, y puntualizó que "muchas de las cosas" que el Gobierno ha dicho de VFM "podían estar aclaradas con sólo preguntarnos, cosa que no se ha hecho".

En este sentido, señaló que solicitaron al director de gabinete del presidente una reunión conjunta con los representantes de VFM y también con sus inversores y asesores jurídicos "para llevar a buen puerto el proyecto", reunión a la que "seguimos abiertos", insistió.