(AM.) La Cámara pide controlar la inversión público-privada, con críticas de la oposición a la Xunta por recurrir a ella

El PSdeG advierte una "sombra" sobre las contrataciones de la Xunta y el PPdeG defiende que la administración actual es "transparente"
Foto Votaclo De Cont
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EP/REMITIDO
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Los tres grupos con representación en la Cámara —PPdeG, PSdeG y BNG— han dado luz verde definitiva a las propuestas de resolución derivadas del informe del Consello de Contas —referido a 2008, último año de gestión completa del bipartito—, entre las que figura instar a la Xunta a controlar la financiación público-privada.

Lo han acordado entre críticas de la oposición por recurrir a esta fórmula para infraestructuras como los nuevos hospitales —el de Vigo o el futuro de Pontevedra—, porque supondrá, según considera, una "hipoteca" para generaciones futuras. No obstante, el diputado del PPdeG Jesús Goldar ha replicado que también el bipartito recurrió a esta fórmula, para suprimir el peaje de Barcala y Rande con "compromisos" hasta, al menos, 2042.

Aunque la petición sobre la fórmula de pago aplazado, que partió del PP, contó con el acuerdo de las tres formaciones, socialistas y nacionalistas pedían ser más contundentes en el ámbito de la financiación público-privada, con el objetivo de "incluir en los estados de gastos de las leyes anuales de presupuestos, las previsiones de gasto y la relación de proyectos a ejecutar" con esos instrumentos, si bien esto fue rechazado por la mayoría parlamentaria ya en el trámite en comisión.

Así las cosas, en su intervención, el parlamentario popular defendió que el actual Gobierno de la Xunta es la "administración más transparente" y ha recordado que el documento que se ha debatido este miércoles es el informe referido al ejercicio de 2008, que salió adelante con los votos de los antiguos socios de gobierno bipartito y la abstención del PPdeG.

Sobre ese año, "hubo muchas cosas malas; y buenas, bien pocas", ha dicho Goldar, para quien la fiscalización del ejercicio de 2008 pone de manifiesto "la absoluta indolencia" del bipartito ante la crisis económica. Al respecto, el diputado popular recordó que el informe de Contas recoge que Galicia recibió anticipos a cuenta superiores a lo que le correspondería por la recaudación de los impuestos cedidos, lo que derivó en una liquidación negativa de 574 millones que hay que devolver hasta 2015.

Por su parte, el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, recordó que cuando el bipartito dejó el gobierno, la deuda era de 3.231,8 millones mientras que ahora asciende a 6.923 millones, a lo que hay que sumar los 800 millones previstos. "Duplicaron en dos años la deuda", criticó el socialista José Manuel Lage a este respecto. "MATERIALMENTE,

Es deuda pública"

En este contexto, Aymerich advirtió que el propio Consello de Contas señala que, aunque la colaboración público-privada no compute en el déficit, es "una inversión con cargo a futuros" años. "Materialmente es deuda pública", avisó el parlamentario nacionalista para urgir a la Xunta que "solicite ya un informe para regular y controlar la deuda".

"Desde 2014 Feijóo no gobernará, pero Galicia deberá pagar 120 millones de euros anuales", ha espetado Carlos Aymerich en referencia al canon que tendrá que abonar la Comunidad como consecuencia del pago aplazado y que situó hasta 2034. "Ése es el legado de Feijóo", ha remachado.

También el socialista Lage se refirió a este asunto para denunciar que "el gobierno está abusando de la colaboración público-privada", que es "dejar hipotecada a la sociedad gallega", y ha criticado que el PPdeG se haya "opuesto" a extender la fiscalización a la administración paralela de los entes provisionales.

En todo caso, la propia Consellería de Facenda, a raíz de la memoria presentada por el órgano fiscalizador, y después de ese primer debate parlamentario, informó de que pedirá un dictamen en el que haga una propuesta técnica sobre los límites financieros de la colaboración público-privada, a la que ha acudido el Gobierno gallego para infraestructuras como el nuevo hospital de Vigo.

De hecho, en el propio informe del Consello de Contas recomendó a la Administración autonómica que "reclame la fijación de reglas más claras y concretas" sobre las figuras de colaboración público-privada y "fije límites" para comprometer gastos con cargo a ejercicios futuros

"sombra contratos"

Además, Lage aprovechó su intervención para hacerse eco de la información que publica este miércoles el periódico 'Faro de Vigo', que indica que el Consello Galego da Competencia "está investigando un supuesto cartel de empresas gallegas que estaría amañando licitaciones de la Xunta para repartirse adjudicaciones".

"Publicidad y transparencia", ha reclamado, en este sentido, el diputado socialista, quien ha advertido que se está creando "una sombra sobre las contrataciones de la administración autonómica", motivo por el que pidió investigar.

A ello, el diputado del PPdeG replicó subrayando que "es la propia administración la que está investigando, y no al revés", y ha lamentado que el socialista se dijese sólo lo que le pareciese.

Propuestas de resolución

Por otro lado, fueron aprobadas siete propuestas de resolución por unanimidad de los grupos que fueron incorporadas al informe que se corresponde con la Memoria de 2010 presentada este periodo de sesiones por el conselleiro maior de Contas, Luciano Fariña, en sede parlamentaria.

Así, entre ellas, han pactado reclamar a la Xunta que "incremente el grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Consello de Contas" en los sucesivos informes de fiscalización de las cifras de la Comunidad autónoma.

Además, los tres grupos transaccionaron otra resolución de la oposición (que era igual en el caso de socialistas y nacionalistas) y acordaron instar a la Xunta "para que todos los organismos y entidades de ella dependiente utilicen el idioma gallego en su relación" con Contas.

En el lado opuesto, no prosperó ya en comisión, y por ello no fue elevado al pleno, la petición de PSdeG y BNG para reclamar al Gobierno gallego que "haga efectivas sin más demora las prestaciones derivadas de la aplicación de la Ley de autonomía personal que ya están reconocidas".

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