El juez declara "culpable" el concurso Iurbenor e inhabilita a Jabyer Fernández, que deberá responder con su patrimonio

El titular del Juzgado número 1 de lo Mercantil de Bilbao, Marcos Bermúdez, ha declarado "culpable" de la insolvencia de Iurbenor a su administrador social, el empresario Jabyer Fernández, al que ha inhabilitado como administrador durante un periodo de diez años y le ha condenado a responder personalmente de la cobertura del déficit patrimonial, establecido en 35,38 millones de euros. Sin embargo, el juez ha desestimado los cargos que se pedían contra los hermanos del encausado, Susana y Antonio Fernández.
Jabyer Fernández
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EUROPA PRESS
Jabyer Fernández

El titular del Juzgado número 1 de lo Mercantil de Bilbao, Marcos Bermúdez, ha declarado "culpable" de la insolvencia de Iurbenor a su administrador social, el empresario Jabyer Fernández, al que ha inhabilitado como administrador durante un periodo de diez años y le ha condenado a responder personalmente de la cobertura del déficit patrimonial, establecido en 35,38 millones de euros. Sin embargo, el juez ha desestimado los cargos que se pedían contra los hermanos del encausado, Susana y Antonio Fernández.

De esta forma, los Tribunales declaran la culpabilidad del socio administrador de Iurbenor, en cuyo juicio se presentaron como acusaciones tanto la Administración Concursal como la Fiscalía y la Diputación Foral de Bizkaia.

En su sentencia, hecha pública este miércoles, el magistrado declara "culpable" el concurso Iurbenor promociones S.A. por concurrir la causa prevista en el artículo 164.1 de la Ley Concursal, por actuar su administrador de derecho "con dolo" de forma intencionada y también la incluida en el 164.2.2, que habla de "inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso".

Por esta causa, el empresario Jabyer Fernández quedará inhabilitado para administrar los bienes ajenos durante el periodo de 10 años, así como para "representar o administrar a cualquier persona" durante el mismo espacio de tiempo.

También perderá "cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa", y deberá devolver "los bienes o derechos que hubiera obtenido indebidamente del patrimonio de la concursada o hubiera recibido de la masa activa".

Asimismo, deberá responder personalmente de "la cobertura del déficit patrimonial que resulte de la liquidación de los bienes de la masa activa" de Iurbenor, "sin incluir los créditos contra la masa", hasta un límite de 35,38 millones de euros para los créditos ordinarios, más el importe de los créditos subordinados correspondientes a intereses, recargos y costas devengados por el impago de esta cantidad.

Por último, el juez desestima los cargos que se pedían contra los hermanos del encausado, Susana y Antonio Fernández, así como contra el Grupo Afer y Residere Proyectos. Contra el fallo cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.

Operación urbanística

Iurbenor fue creada en 2006 para desarrollar la operación urbanística de "Puerta Bilbao", que preveía la construcción de 2.000 viviendas y la explotación de más de 80.000 metros cuadrados en los antiguos terrenos de Sefanitro, en Lutxana.

La empresa surgió participada al 50 por ciento por Fonorte (Jabyer Fernández) y Iurbentia Promoción Inmobiliaria (integrada por un grupo de socios entre los que destacan el expresidente del Athletic Fernando García Macua y Emilio Prieto, ex directivo del club de fútbol).

Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, Iurbenor Promociones vendió los terrenos para pagar los créditos adquiridos. En 2009 llegó a un acuerdo con sendas empresas vinculadas a La Caixa y BBK en una operación valorada en casi 360 millones de euros, de los cuales 43 debían haber sido ingresados en Hacienda en concepto de IVA.

Jabyer Fernández adujo que dedicó esa cantidad a repartirla entre sus otras sociedades, también afectadas por la crisis, y solicitó de la Hacienda vizcaína una prórroga que no le fue concedida. Los administradores concursales dijeron más tarde que la empresa tenía, tras la venta de los terrenos, 60 millones de remanente, con los que podría haber hecho frente al pago del IVA.

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