El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, ha aclarado que la permuta del edifico de la empresa de

Apia xxi con una sede de la sociedad pública Grupo Sodercan, ambas en el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN) es, de momento, una "mera hipótesis de trabajo" que prosperará si cuenta con el aval de los correspondientes informes jurídicos y económicos.

Arasti ha respondido así a una batería de preguntas sobre esta operación lanzadas por el diputado socialista Juan Guimerans, quien ha recriminado al Ejecutivo regional que esté creando "desconfianza" hacia las empresas que se instalan en el Parque, por sus alusiones a la denominada 'claúsula de la vergüenza'.

Es una condición de los contratos suscritos entre algunas empresas y el Gobierno que Arasti ha criticado porque traslada el "riesgo", cuantificado en 50 millones de euros si la reclamaran todas, hacia el Ejecutivo.

Esta cláusula, denunciada por el PP, establece que si la empresa que la firmó la solicita, la propiedad del edificio en el que se instaló pasa al Gobierno de Cantabria.

En el caso de la ingeniería Apia XXI, que desarrolla distintos proyectos de energía eólica marina, Arasti ha precisado que esa firma no ha realizado ninguna oferta al Gobierno de Cantabria, que estudia la posibilidad de desplazar allí algunos de sus servicios en el PCTCAN y, a su vez, que Apia se ubique en dependencias del Grupo Sodercan, dentro del objetivo del Gobierno de trasladar la Consejería de Industria al Parque Científico.

Aunque para cláusulas, Arasti le ha espetado a Guimerans la que obtuvo la persona contratada para la liquidación de Papelera del Besaya: 75.00o fijos anuales, más 350.000 por la liquidación y, aparte, 350 euros la hora por servicios de asesoramiento.

El diputado socialista ha reprochado el "descrédito" al que somete el Gobierno a las empresas del parque con sus insinuaciones sobre esta cláusula, y se ha preguntado si pretende así crear "confianza" en las compañías que se instalaron en un proyecto "señero y emblemático" para Cantabria, dando la "imagen" de que "las empresas quieren un pelotazo".

"Si no quieren hacer nada, no lo hagan, pero no nos tengan entretenidos con liebres mecánicas", ha censurado Guimerans, que califica de esta manera a los "escandalillos" que, a su juicio, va revelando el Gobierno regional "cada semana".

En cuanto a las preguntas sobre dependencioas de la Consejería en las calles Castelar, Cádiz y Burgos, Arasti ha remitido a Guimerans a las páginas de Internet en las que se informa sobre estos servicios.

Políticas de empleo

El Presupuesto de Cantabria para 2012 prevé un incremento de aproximadamente el 9 por ciento en la dotación de las políticas activas de empleo, según ha anunciado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas.

Durante su respuesta a una pregunta planteada por la regionalista Matilde Ruiz sobre las medidas y la dotación dirigida a las familias sin recursos, Mazas ha asegurado que las políticas activas de empleo serán una "prioridad" para el Ejecutivo 'popular' de cara al próximo año, en contraposición con la actuación del anterior Gobierno PRC-PSOE.

Por otra parte, Mazas ha explicado que, dentro de estas medidas de empleo, los grupos en riesgo de exclusión social tendrán "carácter de preferencia" en cuanto a participación en las actuaciones del Ejecutivo en materia de formación y empleo y dentro del Plan de Empleo que el Gobierno regional espera poner en marcha a principios de 2012, una vez firmado el acuerdo de Concertación Social que, según ha dicho, se firmará "en próximas fechas".

En cuanto a la financiación que se destinará a la puesta en marcha de medidas dirigidas a las familias sin ingresos -actualmente 3.382, según la diputada regionalista Matilde Ruiz— la titular de Empleo se ha limitado a explicar que estará incluida en los Presupuestos regionales para 2012.

La consejera se ha mostrado gratamente sorprendida de que los regionalistas hayan empezado a demostrar "al fin", y "después de 16 años", "algo de interés por el empleo", una materia sobre la que -ha recordado— dejaron en las dos pasadas legislaturas en manos de los socialistas.

Por su parte, Ruiz (PRC) le ha reprochado a Mazas que el Gobierno haya decidido retrasar hasta después de las elecciones la presentación de los Presupuestos, en los que van incluidos estas partidas, y le ha advertido de que las familias "no pueden esperar más"

Por este motivo, le ha reclamado "celeridad" en la puesta en marcha de las medidas porque -ha dicho— "hablando no se hacen las cosas" y, a su juicio, se necesitan "hechos ya".