La vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga, Ana Mata, ha exigido a la Junta de Andalucía que "asuma sus competencias" y comience a dar cobertura legal a las personas dependientes que están en centros privados de la provincia.

Mata, que respondía así a las denuncias en este sentido vertidas este lunes por el PSOE, ha recordado que, a pesar de que la Ley de Dependencia entró en vigor en 2007, la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta tiene sin firmar los expedientes que facilitarían una atención pública a 33 pacientes que aún mantiene la Diputación en estas residencias.

Por ello, según ha dicho, la institución supramunicipal se ve obligada a suspender los convenios que mantiene con cinco residencias —Aspromanis, Sagrado Corazón de Jesús, SAR Guaro, Glorieta de San José y San José de la Montaña—, ajustándose a los informes jurídicos existentes y a los reparos legales que el interventor mantiene desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia.

"Este tipo de convenios no cumplen la legalidad vigente por la poderosa razón, entre otras, de que las personas internas y mantenidas ahí según convenios privados tienen derecho a cobertura pública", ha manifestado en un comunicado Mata.

Ha asegurado que el portavoz del grupo socialista en la Diputación, Francisco Conejo, "miente de manera irresponsable y frívola cuando habla de presuntos recortes sociales en esta institución", puesto que "sus compañeros en el anterior equipo de gobierno, contraviniendo los informes citados, mantuvieron convenios con reparos de legalidad para ahorrarle a la Junta el coste de la atención a los dependientes".

Mata ha acusado a Conejo y sus compañeros del PSOE de "usar a las personas dependientes, negándoles un derecho consagrado en una ley aprobada en el Congreso de los Diputados, y todo con el fin político de ahorrar a la Junta un coste superior a los tres millones de euros", que es lo que, según ha especificado, "se ha invertido desde la Diputación en la atención de estas personas".

Los responsables del Área de Ciudadanía, liderada por Mata, han mantenido desde la llegada del nuevo equipo de gobierno del PP reuniones con estos centros asistenciales para analizar la situación legal de los internos.

"Tanto Aspromanis como Sagrado Corazón de Jesús nos han manifestado repetidamente la incertidumbre que han sufrido en los últimos cuatro años porque eran conscientes de que las personas internas no estaban recibiendo la cobertura que legalmente merecían", según Mata.

Además, ha asegurado que "nos consta que el grupo socialista también ha mantenido contactos con los centros y no podemos entender ni tolerar que quieran usar a las personas dependientes para atacar a la Diputación".

Ha reiterado que la institución tiene los expedientes de la Ley de Dependencia preparados para que los 33 internos en los diferentes centros conveniados puedan empezar a beneficiarse de la Ley de Dependencia, "pero la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta no los firma, y no sabemos por qué".

En este sentido, ha informado de que se ha solicitado una nueva reunión urgente con la delegada provincial, Ana Navarro, y se ha garantizado a las familias de los internos que "la Diputación estará a su disposición para cualquier necesidad si la Junta, nuevamente, no cumple".

Por último, la vicepresidenta tercera del ente provincial ha solicitado al portavoz socialista que "reme en el mismo sentido que el equipo de gobierno y no haga política partidista con estas personas más vulnerables".