Recio asegura "máxima colaboración" con la juez del caso ERE y dice que todos los expedientes están a su disposición

El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, ha señalado este lunes la "máxima colaboración" del Gobierno andaluz con el juzgado que instruye la investigación por la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE), de manera que, a tenor de su última petición, ha manifestado que "procederemos a enviarle la revisión cuanto antes".
Manuel Recio
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EUROPA PRESS
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Así se ha referido en declaraciones a los periodistas tras una rueda de prensa en Almería, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, haya requerido a la Junta de Andalucía para que "informe si las ayudas a empresas mediante transferencia de financiación a través" del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) —el denominado 'fondo de reptiles'— se han realizado, además de en la Consejería de Empleo, "en otras consejerías; a saber, Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura y Pesca o Turismo".

Recio ha indicado que tanto el juzgado como la Junta tratan de "esclarecer al máximo" todas las circunstancias y ha reiterado la colaboración prestada a la juez durante todo el proceso ya que incluso, ha manifestado, "en ocasiones hemos aportado información que creemos relevante para el caso sin que la juez la haya solicitado".

Por otra parte, el consejero ha reprochado las manifestaciones del presidente del PP-A, Javier Arenas, por sus "interpretaciones" ante la última petición judicial, de forma que lo ha acusado de "tergiversar y malutilizar" los datos para "ensuciar la vida política" y acusar a los beneficiarios de las políticas sociolaborales "de no sé qué delito o fechoría".

Para Recio, Arenas "trata de sacar un rédito electoral de un uno por ciento de problemas que ha habido previsiblemente en la gestión de las ayudas". Con esto, ha insistido en que según los informes realizados por un grupo de funcionarios independientes que determinaban que un uno por ciento de las gestiones realizadas en los últimos diez años "podría tener algún problema", por lo que se enviaron a la juez instructora para su conocimiento.

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