La Consejería de Sanidad prevé que la entrada en vigor este martes, 1 de noviembre, del nuevo Real Decreto 9/2011 que supone la generalización de la prescripción por principio activo permitirá una reducción del gasto de 35 millones de euros al año.

Así lo ha afirmado el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien ha ofrecido este lunes una rueda de prensa junto al director gerente de la Gerencia Regional de Salud, Eduardo Enrique García Prieto, para explicar la repercusión de esta nueva normativa.

El titular de Sanidad ha destacado la importancia del gasto farmacéutico, tanto en España como en Castilla y León, donde supuso en 2010 un total de 975 millones (737 en recetas y 238 en hospitales), más del 28 por ciento del presupuesto de la Gerencia Regional de Salud y cerca del 10 por ciento de los Presupuestos Generales de la Comunidad.

Sáez Aguado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha indicado que este gasto se ha duplicado en los últimos diez años tanto en la Comunidad como en el resto del Sistema Nacional de Salud, ya que se ha incrementado debido a la incorporación de nuevos medicamentos con financiación pública y al gasto en tratamientos económicamente importantes como los oncológicos.

Sin embargo, con la entrada en vigor de esta nueva normativa ha explicado que se pueden incorporar algunos ahorros, aunque ha aclarado que menos de lo que el Ministerio había previsto porque no distingue las comunidades que tenían implantado un alto nivel de prescripción de genéricos.

Buena situación de partida

A este respecto, ha recordado que Castilla y León es la segunda comunidad en consumo de genéricos después de Andalucía, con un 36,5 por ciento de este tipo de medicamentos frente al 31,7 por ciento de media, lo que supondrá que el ahorro sea algo más "limitado".

El titular de Sanidad ha asegurado que esta medida se suma a algunas otras que ya ha implantado la Consejería, que suponen hasta septiembre un ahorro de 48 millones de euros y con las que, junto a la aplicación del nuevo Real Decreto, este año se espera reducir el gasto en unos 60 millones. En concreto, el gasto en recetas se ha reducido hasta septiembre de este año un 8,66 por ciento con respecto al mismo periodo de 2010.

La nueva normativa, ha explicado el consejero, establece la generalización de la prescripción por principio activo y un precio de referencia, de manera que se financiarán los medicamentos que se encuentren en ese precio, ya sean marcas comerciales o genéricos.

Sáez Aguado ha aclarado que no se excluirá la prescripción de las marcas pero se funcionará de tal forma que al dispensar medicamentos se establece la financiación del menor precio, aunque se establecen dos excepciones, las de medicamentos con un rango terapéutico bajo, cuando se podrán prescribir comerciales, y las necesidades de terapias justificadas, que deberán justificarse y estarán supervisadas por la Inspección.

Para la aplicación de esta normativa, la Consejería de Sanidad ha mantenido contactos con profesionales, responsables de farmacia y también sociedades científicas y, precisamente estas últimas, han planteado la conveniencia de que los genéricos de los mismos principios activos tengan una apariencia similar y permitan una identificación de los mismos, también en su envase, con el fin de evitar confusión a la hora de su consumo.

Antonio María Sáez ha insistido en las diferentes medidas puestas en marcha por su departamento para rebajar el gasto farmacéutico como la asistencia a los profesionales a través de un programa informático que permite identificar genéricos, precisar tratamientos y orientar la prescripción, pero que no excluye a las marcas comerciales.

Otras medidas

Además, se trabaja en la ampliación de los programas informáticos para facilitar la prescripción facultativa, también en Atención Especializada, algo que se espera tener en marcha este próximo año. Asimismo, se están dando pasos para corregir diferencias de perfiles de prescripción que actualmente surgen entre profesionales y servicios hospitalarios.

A ello se suma el refuerzo de los mensajes lanzados para el uso racional de los medicamentos, las campañas a la población, la mejora de la eficiencia en las compras o el impulso de la atención farmacéutica en centros de mayores.

El consejero de Sanidad ha aclarado que la nueva normativa no modifica las condiciones de pago de los medicamentos y ha indicado que a pesar de que teóricamente las personas en activo deben aportar un 40 por ciento del coste del medicamento, la media es del 20,84 por ciento porque se reduce en algunos medicamentos y en tratamientos para pacientes crónicos.

Por otro lado, Sáez Aguado ha recordado que el gasto en medicamentos en Castilla y León está muy condicionado por las características de la población y la importancia cualitativa y cuantitativa de la población mayor. Así, el gasto medio anual de los pensionistas en esta materia es de unos 730 euros, mientras que el de los activos es de 78,4, lo que supone una media de 279 euros por persona al año con datos de septiembre de 2011.

De esta forma, Castilla y León se sitúa por debajo de la media de las comunidades en gasto y se sitúa la tercera con menor gasto ponderando el envejecimiento, aunque supera la media si no se tiene en cuenta esta circunstancia.

Sáez Aguado ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que en este primer momento de la aplicación de la nueva normativa atiendan las instrucciones de los profesionales para evitar errores y ha reiterado su petición de una mayor eficiencia.

En esta línea, ha señalado la necesidad de un uso racional de los medicamentos, ya que las 13 toneladas recogidas en los puntos Sigre un 25 por ciento se corresponden con cajas completas de medicinas. Precisamente con la futura receta electrónica se podrá obtener un perfil de uso de los medicamentos y su consumo, pero ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos.

Finalmente, el consejero ha recordado que el nuevo Real Decreto también contempla medidas para el mantenimiento de las farmacias rurales, pero tendrá que desarrollarse y entrará en vigor el 1 de enero. Sáez Aguado ha incidido en que tienen mucho interés en mantener este tipo de despachos y por eso se desarrollará la normativa en los términos en los que marque el Ministerio, ya que les corresponde esta tarea a las comunidades autónomas, algo con lo que se mostró crítico.