PP cree que la decisión del alcalde de Salobreña es "una cortina de humo"

El PP de Granada cree que la decisión del alcalde de Salobreña, el socialista Gonzalo Fernández Pulido, de proponer la creación de una comisión de investigación para analizar la gestión económica de los anteriores responsables municipales 'populares', al considerar que han podido cometer un supuesto delito contra la Hacienda Pública, es "una cortina de humo".

El PP de Granada cree que la decisión del alcalde de Salobreña, el socialista Gonzalo Fernández Pulido, de proponer la creación de una comisión de investigación para analizar la gestión económica de los anteriores responsables municipales 'populares', al considerar que han podido cometer un supuesto delito contra la Hacienda Pública, es "una cortina de humo".

Fuentes del PP de Granada han declarado a Europa Press que la postura del regidor socialista es "una cortina de humo", si bien afirman que "el Gobierno de Salobreña puede pedir explicaciones si lo ve oportuno y pertinente, pero mejor que se las solicite al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que es el responsable del deterioro tremendo y del retraso que sufre la costa granadina".

En este sentido, las mismas fuentes han recordado el Corredor del Mediterráneo o el "abandono" de la A-7, que es lo que "perjudica" al municipio granadino de Salobreña. Además, critican que Fernández Pulido "no haya querido participar junto con otros municipios como Almuñécar y Motril para protestar frente a mala infraestructura de la zona de la costa".

En esta línea, cabe recordar que el actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Salobreña propondrá al próximo pleno la creación de una comisión de investigación para analizar la gestión económica de los anteriores responsables municipales, del PP, al considerar que han podido cometer un supuesto delito contra la Hacienda Pública. Según Fernández Pulido, el equipo de gobierno se ha encontrado "con facturas del año 2003 sin consignación presupuestaria y sin autorización por más de 200.000 euros, lo que además de una irresponsabilidad política creemos que puede constituir un presunto delito contra la Hacienda Pública".

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