Juzgan el miércoles en Valladolid al exadministrador de una constructora por estafar a una veintena de clientes

Fiscalía solicita para él y su hijo penas de 12 años de prisión y otros cuatro años para un tercer imputado

La Audiencia de Valladolid juzga desde este miércoles al que fuera administrador único de la constructora Lacile S.L, Rafael L.M, y su socio e hijo Rafael L.G. bajo la acusación de haber estafado en el año 2000 a más de una veintena de clientes de quienes percibieron cantidades que se elevan a cerca de 1.150.000 euros bajo la promesa de construir un edificio de viviendas en la calle Prado de la capital, si bien los acusados utilizaron, presuntamente, dichos fondos para fines distintos, entre ellos pagar deudas de otras empresas del grupo familiar.

En su escrito de calificación provisional, la acusación pública imputa a ambos procesados sendos delitos de estafa y alzamiento de bienes y solicita para ellos ocho años de cárcel por el primero y cuatro por el segundo, así como el pago de multas para cada uno que suman 25.920 euros, junto con la obligación de indemnizar entre ambos, de forma conjunta y solidaria, a sus víctimas con la suma global de 1.148.000 euros, cantidad de la que debería responde de forma subsidiaria la mercantil Lacile S.L, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Se da la circunstancia de que el primero de ambos imputados ya fue condenado en 2007 a una pena de dos años de cárcel por estafar a un matrimonio de quien en 2003 obtuvo 42.000 euros por la construcción de un piso en Villalón de Campos que nunca llegó a ejecutarse.

Junto a los dos anteriores se sentará también en el banquillo Alejandro B.P, quien ocupó igualmente el puesto de administrador único de Lacile a partir de septiembre de 2004 y para el que el Ministerio Fiscal solicita una condena de cuatro años por alzamiento de bienes.

Falsas apariencias

Los hechos objeto de la presente causa, que será juzgada en la Audiencia de Valladolid entre este miércoles y el viernes, se remontan al año 2000 cuando Rafael L.M. y Rafael L.G, el primero en calidad de máximo responsable de Lacile y su hijo como socio, planearon construir un edificio de viviendas, trasteros y garajes en los números 11 y 13 de la calle Prado de la capital, a sabiendas de que su situación financiera era muy delicada al tener otras empresas, todas ellas familiares, con deudas varias.

Pese a ello, padre e hijo promocionaron dicho proyecto y lograron que más de una veintena de clientes, a quienes hicieron creer que la situación financiera de la empresa era boyante, acudiera a sus oficinas para realizar contratos privados de compraventa, bien de viviendas, bien de plazas de garaje o de trasteros, y desembolsara importantes cantidades de dinero por importe global superior al 1.148.000 euros.

Fue en diciembre de ese mismo año cuando Rafael L.M, como administrador único de Lacile, constituyó una hipoteca sobre el total de la finca en proyecto a favor del Banco Herrero, hoy Banco Sabadell, y obtuvo 2.404.048 euros, de los que la mayoría se destinaban a financiar las obras de construcción del edificio y el resto a financiar la compra, si bien, según sostiene la acusación pública, el dinero lo derivaron el citado acusado y su socio, Rafael L.G, a fines distintos de los de la edificación del inmueble.

Pero además, el 16 de septiembre de 2004 el tercero de los acusados, Alejandro B.P, pasó a ocupar el cargo de administrador único de Lacile, quien, a pesar de ser perfecto conocedor de que gran parte de viviendas y plazas de garaje del edificio de la calle Prado ya habían sido vendidas a particulares, vendió la empresa a Contex Confecciones S.L.—su fin era totalmente ajeno a la construcción—con el único fin, y en connivencia con los dos anteriores, de eludir el pago de todas las cantidades entregadas a cuenta por los compradores.

Gracias a esta operación, los acusados obtuvieron 977.631 euros que utilizaron para saldar deudas de otras empresas propiedad de Rafael L.M. y Rafael L.G. (Construcciones Portillo 1999 S.L. y El Alma Cent Racis S.L.) y otra como Bagolf S.L. en la que Alejandro B.P. tenía participación por ser socio de la misma, aunque la Fiscalía de Valladolid reconoce que sigue sin conocer el destino de otra gran parte de ese dinero.

De este modo, las víctimas de los acusados se encuentran a fecha de hoy sin el bien adquirido y sin el dinero aportado en la compra.

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