Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado este sábado en Sevilla su programa para las elecciones generales del 20 de noviembre, en el que destaca la necesidad de una reforma electoral y la regeneración democrática.

En un comunicado, ha estimado que nueva ley electoral respetuosa con la igualdad del valor del voto de cada ciudadano con independencia de su lugar de residencia, para implantar una representación proporcional del pluralismo político. Así, ha recordado que proponen aumentar el Congreso de los Diputados a 400 diputados, la mitad de los cuales se elegirán en una circunscripción nacional única mediante listas desbloqueadas, hasta que sea posible el sistema de listas abiertas.

Asimismo, estima necesario eliminar cualquier obstáculo a la iniciativa política, como la exigencia de firmas para presentar listas a los partidos extraparlamentarios.

Para UPyD también es necesaria una reforma de la Constitución para conseguir un Estado federal fuerte con competencias exclusivas en educación, sanidad, justicia o medio ambiente, que garantice a todos los ciudadanos los mismos derechos y obligaciones en cualquier lugar de España y donde todas las comunidades autónomas tengan las mismas competencias y financiación, sin privilegios ni excepciones.

Es fundamental, sen su opinión, distribuir "racionalmente las competencias entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos para evitar duplicidades, despilfarro y burocracia inútil".

En cuanto a la educación y la sanidad, estima que deben ser competencia del Estado aunque la gestión sea descentralizada. Para UPyD es "irracional tener 17 sistemas educativos y sanitarios más ineficaces, caros e injustos que uno sólo igual para todos".

Para mejorar la participación ciudadana y el control de la política, plantea que con medio millón de firmas, pueda proponerse una iniciativa legislativa popular, y someterse a referéndum ciudadano las decisiones importantes. Para UPyD, los partidos políticos, sindicatos y asociaciones deben buscar la autofinanciación, y en todo caso dar cuenta estricta del uso del dinero público, publicando sus cuentas y las remuneraciones de los cargos públicos, que deben renunciar a cobrar más de un sueldo público o a pensiones suplementarias y cualquier otro privilegio.