El pleno del Ayuntamiento hispalense, gracias a los votos favorables del Grupo popular y con la abstención de los concejales del PSOE e IU-CA, ha acordado este viernes la "extinción y liquidación" de la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación: la 'Fundación DeSevilla'. Durante la campaña electoral, el ahora primer edil, Juan Ignacio Zoido (PP), se comprometió en numerosas ocasiones a disolver esta fundación a cuenta de su supuesta utilización con fines políticos y sus "irregularidades", toda vez que los informes elaborados recientemente reflejan un "fondo de maniobra negativo" de 1.133.914,2 euros y actos en su gestión posiblemente constitutivos de "apropiación indebida, malversación de caudales públicos y delitos contra la Hacienda pública".

La moción, elevada a debate por la vía de urgencia, responde al acuerdo previo del patronato de la institución, que tras el desembarco del PP en el Gobierno municipal había resuelto la disolución de esta fundación gestionada por el grupo de concejales de IU-CA en el anterior mandato. Y es que ya el pasado 5 de septiembre, un estudio redactado por el anterior director gerente de la institución y actual director general de la sociedad mixta Mervasevilla, Manuel Blanco, daba cuenta de que la situación financiera de la entidad es "insostenible" y que procede su "liquidación" al haber cerrado 2010 con pérdidas superiores a los 1,5 millones de euros y pesar sobre ella un "fondo de maniobra negativo" por valor de 1.133.914,2 euros.

"falta de control económico y financiero"

El informe de Manuel Blanco, en la misma línea, recordaba que la Intervención ya avisaba en junio de 2011 de que la consultora 'Deloitte' había denegado su opinión sobre las cuentas de 2010, dado el "deterioro financiero y patrimonial" de la entidad, "por las debilidades del sistema de control interno". Un informe de esta consultora, además, revelaba "distintas irregularidades en la justificación de gastos", aspecto que recogía Blanco en su informe.

Blanco detectaba "conductas que evidencian la falta de control económico financiero", así como "un generalizado incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público", un "elevado porcentaje de incidencias por falta de justificación de gastos", contrataciones "discrecionales" de personal a manos de la antigua directiva y una ausencia de "procedimientos de control interno para la autorización y registro de gastos, inversiones u operaciones de crédito".

Un nuevo informe

Un informe externo contratado a tal efecto, pero en fechas posteriores, reflejaba asimismo "graves deficiencias" de gestión y documentales, detectando en la gestión de la fundación actos posiblemente constitutivos de "apropiación indebida, malversación de caudales públicos, delitos contra la Hacienda pública, Seguridad Social y fraude de subvenciones en el ámbito penal, junto a conductas falsarias en el ámbito laboral".

Este estudio detectaba posibles "irregularidades" en el expediente de regulación de empleo (ERE) acordado entre la directiva de la institución y la plantilla poco después del desenlace de las elecciones municipales y, de cualquier modo, apostaba por la "liquidación ordenada" de la institución y la búsqueda de las responsabilidades penales y civiles relativas a su gestión.

El pleno, además, ha aprobado culminar el procedimiento relativo a la compensación de los derechos de cobro asociados a la fundación, aspecto cuantificado en 1.552.627 euros, transfiriendo a la entidad "el resultado de la compensación", además de resolver las compensaciones que correspondan a los patronos de la institución.