El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha reiterado su "máxima colaboración" con la Justicia y las diversas autoridades judiciales dentro de la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos, y, aunque no ha entrado a valorar la petición de la Fiscalía Anticorrupción en este caso, ha indicado que "sus razones tendrá".

En declaraciones a los periodistas, Recio ha reiterado su colaboración "al máximo" con la Fiscalía, ya que "es nuestra obligación", pero ha reiterado que "no entra a valorar por qué pide eso, pero sus razones tendrá".

"Seguimos colaborando estrechamente con la Justicia y la Fiscalía, ante sus peticiones, va a obtener de la Consejería la máxima colaboración, igual que hacemos con el juzgado de Sevilla", ha agregado el consejero.

Recio ha recordado que la Junta "siempre ha mostrado su máxima colaboración desde el minuto uno, al poner en conocimiento de la juez toda la información y abrir una comisión de investigación interna, cuyos resultados pasamos a la juez".

"Cualquier requerimiento de la Justicia lo hemos respondido con la máxima celeridad posible y lo hemos puesto en su conocimiento, denunciando, colaborando e incluso hemos aportado documentación que no nos había sido solicitada en algunos momentos de este procedimiento", ha resaltado el consejero, quien reitera que "esa es la actitud y la que vamos a seguir teniendo, bajo los principios de aclarar primero todas la circunstancias que han podido registrarse con anomalías y además vamos a recuperar hasta el último céntimo que haya sido mal utilizado".

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que imponga una fianza, y de forma subsidiaria acuerde los embargos oportunos, a todas las personas imputadas dentro de la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos, ya que han obtenido "un beneficio indebido y delictivo del que, de ser penalmente condenados, deberán responder reparando el daño causado a los fondos públicos, devolviendo las cantidades ilícitamente recibidas".